2014/10/15

Quiroga apoya la batalla callejera de Maroto contra leyes que aprobó el PP

La presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, aseguró ayer que la batalla callejera anunciada por el parlamentario y alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, para cambiar la Ley de RGI es una apuesta común del partido. Lo llamativo es que dicha ley fue aprobada y defendida en la Cámara autonómica por el PP, único partido junto al PSE que votó a su favor. Y también la renovación de Lanbide llegó de la mano del PP.

Iñaki IRIONDO
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Parlamentarios del PP recurriendo a la Iniciativa Legislativa Popular para dar la batalla callejera contra leyes defendidas y aprobadas por el PP. Esa es la paradójica situación a la que Arantza Quiroga y Javier Maroto pretenden llegar.

La presidenta del PP en la CAV afirmó ayer en Radio Euskadi que la propuesta del alcalde de Gasteiz de recoger firmas para cambiar el acceso a la RGI es una propuesta del partido «que, desde hace años, viene demandando la necesidad de abordar qué es lo que estaba ocurriendo» con estas ayudas.

Lo que Quiroga no dijo, y debía recordarlo porque en ese momento era presidenta del Parlamento merced a su pacto con el PSE, es que la Ley que se pretende reformar fue aprobada el 24 de noviembre de 2011, hace menos de tres años, con los únicos votos a favor del PP y del PSE.

De hecho, en aquel pleno, la actual portavoz del PP, Laura Garrido, asumió mano a mano con la parlamentaria del PSE Teresa Laespada, la defensa de la ley frente a las enmiendas que mantenían los grupos de la oposición.

Freno al descontrol que había

Laura Garrido aseguró desde la tribuna que la nueva ley venía a poner freno «al absoluto descontrol y desorden en el sistema de protección social que teníamos», en el que «se producían situaciones abusivas, que todos las deberíamos conocer porque todos tenemos representantes en las instituciones».

«Por lo tanto -insistió la portavoz del PP defendiendo la actual Ley de RGI- era necesario revisar el sistema, acotar todas esas disfunciones, con el objetivo y el reto de seguir manteniendo un sistema justo, solidario y sostenible en el tiempo».

La ley aprobada junto con el PSE «incidía», según Laura Garrido, «en mecanismos de lucha contra el fraude y de control en el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación, y de verificar también que en el tiempo en que se estaba percibiendo la prestación se siguieran cumpliendo esos requisitos».

Es más, la portavoz del PP defendió aquella reforma legal asegurando que «es una reforma que tiene un gran apoyo social», es decir, que ya contaba con un gran apoyo de la calle.

Finalmente, Laura Garrido quiso poner en valor las aportaciones que el PP había hecho a la mejora del proyecto del Gobierno de Patxi López, recordando que «por eso ha presentado todas las enmiendas que ha presentado», y agradeciendo «a la propia consejera y al Partido Socialista el esfuerzo realizado» para introducir esos cambios en el articulado final de la ley.

Es contra esta ley «mejorada», apoyada y defendida por el PP, contra la que ahora pretende arremeter el propio partido, con una campaña de agitación callejera, cuya eficacia institucional final está todavía por determinar, puesto que nadie ha dado de momento detalles sobre la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular.

Lanbide, otro proyecto del PP

La campaña del Partido Popular tiene también una vertiente relativa a la supuesta ineficacia de Lanbide para controlar que no se produzcan cobros indebidos de la Renta de Garantía de Ingresos. Se trata de otra paradoja de esta campaña de calentamiento callejero, puesto que la actual estructura y funcionamiento de Lanbide no solo fue apoyada por los parlamentarios del PP en la pasada legislatura, sino que su reestructuración partió de una proposición de ley presentada por su parlamentario Anton Damborenea, que finalmente se convirtió en una ley que obtuvo un apoyo casi unánime en el Parlamento autonómico.

Arantza Quiroga decía ayer que el problema es que Lanbide «está mal organizado» y «hace falta una reorganización», porque «se está demostrando que la eficacia es nula».

Lakua ve un uso fraudulento de la Iniciativa Popular

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, opinó ayer que el Partido Popular podría estar haciendo un «uso fraudulento» de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ya que este instrumento no está concebido para ser usado por los parlamentarios, sino para plataformas y asociaciones privadas y ciudadanas.

Erkoreka añadió que Javier Maroto abrió este debate el pasado mes de julio demandando medidas urgentes, y estamos ya en octubre y todavía sigue «con declaraciones, escaramuzas y comparecencias ante los medios de comunicación». «Si las medidas están claras y el debate es urgente», que lo lleve como parlamentario inmediatamente a la Cámara, concluyó. GARA

El Ayuntamiento de Gasteiz no evalúa el fraude en sus ayudas

Mientras el alcalde de Gasteiz clama día sí y día también desde todas sus atalayas contra el fraude y el abuso en las ayudas de otras instituciones, ayer se supo que el Consistorio de Javier Maroto admite que en toda la legislatura no ha realizado ninguna evaluación del protocolo de fraude en las ayudas sociales que gestiona directamente y no conoce ni su porcentaje ni su cuantía, aunque el equipo de Gobierno municipal cree que no es muy alta.

Los datos, o más bien la falta de datos, fue reconocida por la concejal Ainhoa Domaica en la comisión de Asuntos Sociales celebrada ayer, donde la oposición volvió a ser muy crítica con el PP. GARA

ILP. La Iniciativa Legislativa Popular obliga a seguir un proceso tasado que requiere varios meses, la presentación de una ley articulada y la recogida de firmas en pliegos autorizados por la Junta Electoral y con la comprobación de datos de los firmantes.