Según la lista de las mayores fortunas del Estado español que por primera vez ha publicado la revista «Forbes», las cien familias más ricas acumulan el equivalente al 15,6% del PIB, sin incluir cuentas corrientes y posesiones compradas a título personal. La lista no aporta grandes novedades, pero no por ello indigna menos. De sus datos sí se desprenden, no obstante, algunas circunstancias significativas, como las referidas a dos de las principales fortunas vascas, a saber, la de la familia Sendagorta en la CAV y la de Antonio Catalán en Nafarroa, ambas ligadas estrechamente a los poderes del Estado.

La riqueza de la primera de ellas procede principalmente de la empresa Sener, vinculada a la industria armamentística y tradicional cliente del Ministerio de Defensa español. En cuanto al navarro más rico, Antonio Catalán, se ha destacado por su vinculación a UPN y su firme defensa tanto del Gobierno de Yolanda Barcina como de los pactos entre UPN y PSN. Sin duda, también saludará las propuestas fiscales del Gobierno navarro y del PSN, tan celosas de los intereses de quienes más tienen. Por eso resulta ridículo el hecho de que ayer mismo Barcina se pusiera, junto a la clase política de Nafarroa, como ejemplo de «corrupción cero», cuando la historia de los gobiernos de Nafarroa, especialmente en la presente legislatura, es un rosario de tramas corruptas, irregularidades y oscurantismo. De todo menos de honradez.

En un solo año, el conjunto de las grandes fortunas del Estado ha aumentado un 9%. En un año de crisis y empobrecimiento generalizado. Sin embargo, el presidente de Sener, Jorge Sendagorta, se quejaba hace meses de la reducción de los presupuestos del Estado en Defensa y solicitaba un mayor apoyo institucional. Lo verdaderamente triste es que las administraciones favorecen los intereses de los poderosos en detrimento de la atención a las necesidades del conjunto de la sociedad. Se dice, y con razón porque es una insultante realidad, que las grandes fortunas no serían posibles sin la enorme pobreza que asola a millones de personas. Y son posibles, además, con la colaboración de los gobernantes.