Los fiscales catalanes se plantan y Madrid deberá imponer la querella
El 9N ha creado un nuevo problema al Estado español. En una situación sin precedentes, los fiscales catalanes han rechazado el claro emplazamiento de su jerarquía y de los cargos políticos del PP para querellarse contra Artur Mas por la consulta. Así las cosas, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha convocado mañana a la cúpula fiscal y se ve abocado a imponer la decisión directamente desde Madrid, con lo que ello supone.
Al Gobierno español le ha crecido un nuevo problema en Catalunya. En realidad, él mismo se lo ha buscado, primero al impugnar la consulta alternativa del 9N y después al lanzar a dirigentes como la líder catalana del PP, Alicia Sánchez-Camacho, a anunciar una querella en represalia por su celebración. Los fiscales catalanes confirmaron ayer que no ven motivo para actuar contra el president, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, en lo que supone un claro desplante en una institución absolutamente jerárquica.
La colisión se constató a última hora de la tarde, cuando en una nota la Fiscalía General del Estado anunció la convocatoria mañana de la Junta de Fiscales, con la intención de que avale su mandato de presentar una querella por la consulta en la que participaron casi dos millones y medio de catalanes.
Según recuerda el comunicado, la Fiscalía Superior de Catalunya inició las diligencias el 8 de noviembre «ante la realización de actos (cesión de locales públicos, elaboración de papeletas, distribución de urnas)» por parte de la Generalitat y que considera «contrarios a la suspensión cautelar dictada por el TC». Sin embargo, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, no ha considerado procedente iniciar un proceso penal y así se lo comunicó ayer a Torres-Dulce.
El PP queda envuelto en su propio fuego cruzado por varios motivos. El principal es que fueron cargos políticos del partido quienes dieron por segura la querella antes incluso de que la Fiscalía se pusiera en marcha. Ello abocó a Torres-Dulce a salir al paso y alegar que primero debía procederse a los trámites de investigación y que por tanto los ritmos de la Fiscalía debían respetarse. A su vez, esto generó mucho malestar en la cúpula del PP, para quien Torres-Dulce no había actuado con la contundencia necesaria. Y en medio de este embrollo, el presidente español, Mariano Rajoy, intentó hacer el discurso políticamente correcto de que la Fiscalía es independiente del Gobierno, aunque sea este quien nombre al fiscal general.
A la segunda, tampoco
La reunión de mañana es un mecanismo previsto legalmente para que la Fiscalía resuelva sus discrepancias internas, aunque se activa pocas veces. Y en la práctica, sirve para que la Fiscalía General del Estado imponga su criterio, aunque habrá que ver cómo se materializa el mismo y qué posición adoptan los acusadores catalanes.
El desencuentro se constató en la decisión de ayer, al segundo intento de imponer la querella. Ya el pasado miércoles la cúpula de la Fiscalía General del Estado y de la de Catalunya se reunieron para limar sus diferencias. Entonces se interpretó que Torres-Dulce dejaba en manos de la Fiscalía catalana la decisión de la presentación de la querella, pero al día siguiente el fiscal general dejó claro que la decisión la adoptaría él en último lugar, tal y como anticipa la nota de ayer.
La Fiscalía de Catalunya recibió hace unos días un primer borrador de querella, que se dirigiría quizás contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, la consellera de Educación, Irene Rigau, y el conseller de Interior, Ramon Espadaler, y que propone acusarles de los delitos de prevaricación y desobediencia, entre otros.
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) recibió ayer doce denuncias procedentes de varios juzgados contra Mas, acusado de similares delitos.
Rajoy irá a Catalunya con su discurso del no el sábado 29
Forzada por las presiones internas y los emplazamientos mediáticos, y por la propia contundencia de la participación del 9N, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha decidido sacudirse la pereza y acudir al menos a Barcelona para expresar su posición. No cambia un ápice su discurso, consistente en negar la soberanía catalana y en afirmar que él no puede hacer otra cosa que imponer la estatal, pero lo verbalizará en persona en Catalunya.
Intenta así presentar la cuestión como un mero problema de comunicación. Rajoy pretendía pasar una semana entera sin hacer declaración alguna sobre la consulta, pero al final se vio forzado a improvisar una comparecencia tres días después, que resultó completamente anodina.
Rajoy tampoco tiene prisa para acudir a Barcelona. Se había especulado con que lo haría este sábado próximo, pero al final esperará una semana más, hasta el día 29, y lo hará coincidir además con unas jornadas municipales para intentar dar normalidad a su presencia.
El presidente español quiere así enfriar al máximo la situación, aunque la crisis de los fiscales se lo impedirá, y no regalar a Mas ni siquiera el triunfo de una visita expresa para valorar la consulta.
Ha trascendido además que el presidente español ha respondido a la carta de su homólogo catalán planteándole que es la hora de dar cauce a una consulta definitiva sobre el estatus de Catalunya. Su contenido no se conoce, pero La Moncloa deja claro que no hay novedad alguna. R.S.
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