La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por su responsabilidad en la desaparición de once personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, tomado por un comando guerrillero en 1985, rescata del olvido y de la impunidad uno de los episodios más duros de la historia reciente del país.

Durante 29 años los familiares de los desaparecidos han peregrinado por diferentes tribunales y foros en busca de justicia y verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando unos 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomaron el Palacio de Justicia, en el corazón de Bogotá.

En su interior había más de 300 personas entre magistrados, empleados y visitantes. El día 7, las fuerzas militares recuperaron el control del Palacio, reducido a escombros y cenizas.

«Dicha operación militar ha sido calificada, por tribunales internos y por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, como desproporcionada y excesiva. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenares de personas», concluyó la CorteIDH en la sentencia hecha pública el miércoles. La Comisión de la Verdad creada en 2005 para investigar el llamado «holocausto» del Palacio de Justicia concluyó en 2010 que la toma y retoma de la edificación dejó un centenar de muertos, incluidos once magistrados de la Corte Suprema, y al menos once desaparecidos, por los cuales la CorteIDH condena ahora al Estado.

En el fallo, que incluye la orden de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y el pago de indemnizaciones, la Corte declara «responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos». Se refiere especialmente a la desaparición forzada de once personas, la mayoría de las cuales han sido reconocidas por familiares o amigos en vídeos o fotografías de la salida de rehenes del Palacio de Justicia, según explica el fallo.

«Varios de ellos fueron luego remitidos a instalaciones militares. Una vez detenidos, algunos fueron sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos» porque la fuerza pública los consideraba «sospechosos» de haber colaborado con el M-19.