Si todavía existía alguna duda de las enormes presiones sobre el Supremo español para que mantenga alargadas las penas a presos vascos pasando por encima del criterio europeo, el propio Pleno de la Sala Segunda se encargó ayer de acreditarlas. Tras un día entero de reunión, los quince magistrados decidieron por unanimidad darse más tiempo para decidir si asumen ese estándar comunitario, consistente en descontar en el Estado español el tiempo que hayan cumplido antes en las cárceles francesas, o si aceptan la trampa improvisada por el Gobierno del PP con la coletilla ad hoc insertada en una ley a su paso por el Senado hace unas semanas.

El debate venía motivado por la disparidad de criterios aparecida en la Audiencia Nacional en la media docena de casos ya analizados. Durante todo el día se especuló con la probabilidad de que el TS decidiera al menos sobre la situación de Kepa Pikabea, cuya excarcelación se negó en primera instancia en la AN, aunque no llegara a unificar una posición, pero finalmente ni siquiera se desatascó este asunto concreto. Se optó por pedir primero opinión tanto a la defensa de Pikabea como a la Fiscalía sobre si debe aplicarse o no la reciente ley retocada para intentar puentear el dictamen europeo. Les da de plazo hasta el día 13 de enero y entonces se reunirá otra vez.

Aparentemente, el trámite no aportará nada nuevo, ya que en buena lógica la representación del preso vasco demandará que se aplique el estándar europeo -computándole el tiempo pasado en cárceles francesas -, mientras la Fiscalía intentará sostener la artimaña del PP. No solo porque se trata de una institución jerárquica dependiente en última instancia del Gobierno Rajoy, sino porque el Ministerio Público ya ha recurrido con este argumento las excarcelaciones de Santi Arrozpide y Alberto Plazaola, decretadas por la sala de la AN que sí toma en consideración el mandato europeo.

Hecha la ley, hecha la trampa

La trampa estatal tiene asiento en la reciente Ley 7/2014, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre. Se coló a última hora una Disposición Adicional Unica que señala que «en ningún caso serán tenidas en cuenta» para su aplicación «las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la UE con anterioridad al 15 de agosto de 2010».

Con ello se vetaría la práctica totalidad de las computaciones a presos vascos del tiempo pasado anteriormente en cárceles francesas. Hay casi 60 prisioneros pendientes de esta decisión, y en la mayor parte de los casos la aplicación de la norma europea supondría la automática puesta en libertad al haber superado ya el tiempo de condena, como ha ocurrido con Arrozpide y Plazaola.

Resultó significativo que en el orden del día de ayer del Tribunal Supremo se escribiera expresamente lo siguiente: «La Sala Segunda se reunirá en pleno para abordar la liquidación de penas de presos de ETA computando el tiempo de prisión cumplido en otros países de la UE». Y es que de este modo se circunscribe este conflicto a los prisioneros vascos, aunque obviamente se trata de una cuestión general que afecta a cualquier preso que haya tenido sentencias y cumplimientos de prisión en estados diferentes de la Unión.

El Supremo no ha ocultado en ningún momento que considera capital esta cuestión por su impacto político. Y también están resultando muy evidentes las presiones del Gobierno del PP para que asuma sus designios. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaria, lideró un ataque verbal muy contundente contra la sala de la Audiencia Nacional que liberó a Arrozpide y Plazaola, quebrando así su propio discurso habitual de acatamiento de las decisiones judiciales.

Las cuatro semanas extras otorgadas por el Supremo para decidir sobre el tema hacen probable que estas presiones se intensifiquen aún más.

El PP y Lakua

La línea de discurso del PP se basa en aparcar la cuestión del Derecho y poner en primer plano factores emocionales relacionados con las víctimas de ETA. Así, por la mañana la presidenta del PP en la CAV, Arantza Quiroga, pidió a los jueces del Supremo que «sepan leer e interpretar cuál es el sentir mayoritario de la sociedad vasca y la sociedad española, que es la que necesita justicia».

Para Quiroga, la decisión de excarcelar a Arrozpide y Plazaola resultó «incomprensible», más aún cuando entiende que se tomó «un día antes de la entrada en vigor de la ley que lo hubiera impedido». La líder del PP vasca da así por segura una cuestión que en realidad está a debate en la mesa del Supremo.

Por contra, el Gobierno de Lakua se dirigió al Alto Tribunal español para pedirle que «no ceda a las presiones políticas» y, en palabras del portavoz Josu Erkoreka, «asuma las posiciones más avanzadas y progresistas que vienen de Europa». Erkoreka recordó que antes de esta litigio Madrid ya ha dilatado varios años el momento de trasladar la decisión marco europea (que es de 2010) a su práctica.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró que «a muchos magistrados les ha sentado mal el `ir y venir' del Gobierno Rajoy» en este tema, sobre todo cuando «no ha sido claro» en su artimaña legal.