El juez libera a seis detenidas pero restringe el trabajo de las abogadas
Libres pero con cargos y restricciones. Así quedaron las seis detenidas durante la operación de la Guardia Civil que declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco. A las cinco abogadas (Amaia Izko, Eukene Jauregi, Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio y Haizea Ziluaga), se les prohíbe «visitas organizadas» a presos, sin determinar a qué se refiere. A Nagore San Martín, cualquier acto de solidaridad con prisioneros. Hoy declaran siete letrados.
Las seis detenidas (de un total de 16 arrestos) que tenían que declarar ayer ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ya están en la calle. Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Amaia Izko y Nagore San Martín abandonaron ayer a última hora el tribunal especial después de que el magistrado ordenase su libertad con cargos. A las cinco primeras, todas abogadas, les mantiene la acusación de «integración o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación», mientras que a la última le imputa «pertenencia y financiación de organización terrorista, quebrantamiento de medida cautelar, fraude a la Seguridad Social, delito tributario y blanqueo».
A todas ellas les prohíbe abandonar el Estado sin permiso del Juzgado y les obliga a comparecer mensualmente. Además, a las letradas les impone restricciones a su labor de asistencia a presos políticos vascos, lo que a juicio de Zigor Reizabal, constituye una «vulneración del derecho a la defensa». Pese a toda la propaganda desplegada en las últimas 48 horas, desde el momento en el que la Guardia Civil inició la bautizada como «Operación Mate», lo que queda acreditado con el auto es que en el centro de todo el operativo estaba la persecución del trabajo de apoyo a presos vascos.
«Visitas organizadas»
En la resolución, de dos páginas, el juez Velasco prohíbe a las abogadas realizar lo que denomina «visitas organizadas a presos del entorno de ETA». Un veto que se alargaría durante todo el proceso de instrucción y que no afectaría, según el magistrado, a «las entrevistas vis a vis individualizadas que los abogados imputados necesiten realizar con un preso concreto para actos procesales o penitenciarios concretos». Justifica esta medida restrictiva de la labor letrada apoyándose en la tesis formulada por el Instituto Armado, que considera que las detenidas trasladaban a los presos «instrucciones para adoctrinar en lo que llaman lucha en el frente jurídico». Una teoría que el auto resume en «evitar romper la disciplina grupal buscando salidas individuales». Es decir, que lo que se criminaliza es la línea de defensa adoptada por los letrados, designados por los propios prisioneros.
Lo que no explicita el auto es cómo pretende controlar las visitas que realizan las abogadas en su calidad de togadas y cómo pretende evitar que se vulnere el derecho a la defensa (que se nombra explícitamente como protegido) limitando las visitas de los togados a las cárceles en las que se encuentran sus clientes. Como explicó el abogado Zigor Reizabal, que asistió a las seis arrestadas, la restricción del trabajo de los abogados no viene reflejado en el Código Penal ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por lo que no hay pistas sobre cómo pretenderá aplicar estas medidas el juez.
Actos de apoyo a presos
A Nagore San Martín el juez le acusa de ser tesorera de Herrira (pese a que la organización no existe desde que fue suspendida por el propio Velasco en setiembre de 2013, cuando detuvo a 18 personas) y también le impone prohibiciones. En concreto, le impide «llevar a cabo actividades de apoyo a Herrira o entidad en que se sustituya, así como cualquier otra de apoyo o asistencia a presos o preventivos de ETA o su entorno o de realización de actos de enaltecimiento a los mismos». Es decir, que lo que el magistrado le impide concretamente es llevar a cabo cualquier tipo de actividad de solidaridad con los represaliados vascos.
Con estas medidas, el juez rebajaba lo solicitado inicialmente por el fiscal, quien pidió libertad con fianza de 50.000 euros para Izko y Jauregi. Sin embargo, sí que se plegó a la demanda de limitaciones de la labor asistencial hacia los presos vascos. Lo que no explica, al margen de seguir la literatura policial, es de qué se acusa en concreto a las seis ciudadanas vascas, más allá de su trabajo como abogadas de presos vascos.
Tras las primeras declaraciones está previsto que hoy pasen por el despacho del juez Velasco los otros siete letrados detenidos el lunes (Ainhoa Baglietto, Alfontso Zenon, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Aiert Larrarte y Ane Ituiño Pérez). Por la mañana terminarán las declaraciones en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos (ayer todas se negaron a responder a las preguntas de los uniformados) y, a partir de las 10.30, pasarán ante el magistrado. Finalmente, los últimos tres detenidos declararán en la Audiencia mañana.
La Guardia Civil busca ahora pruebas en la Hacienda de Gipuzkoa
Uno de las puntos oscuros evidentes de la operación del lunes estriba en cómo la Guardia Civil formula acusaciones de delitos fiscales si ninguna de las haciendas vascas ha advertido tal circunstancia. Y el estupor aumenta al comprobar que fue ayer, un día después de las detenciones, cuando agentes de este cuerpo policial se personaron en la sede central de la Hacienda de Gipuzkoa (en el barrio de Errotaburu de Donostia) para reclamar información relativa a este caso.
La visita de la Guardia Civil se produjo por la mañana y fue confirmada en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno por la portavoz foral, Larraitz Ugarte. La información reclamada afecta, indicó, a «ciertas personas que pudieran estar relacionadas con el sumario». Al mismo tiempo, Ugarte negó que haya existido delito fiscal y añadió que desde Madrid «nunca se han puesto en contacto con la Diputación ni con la Hacienda foral para tratar sobre estos temas».
La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado una declaración sobre las citadas detenciones de la Guardia Civil, que tilda de «ataque muy grave contra los derechos humanos fundamentales» y agresión a «una vía de paz».
Llaman a inundar Donostia de protesta este sábado a las 17.00 desde el Antiguo
Cerca de una treintena de agentes sociales, sindicales y políticos de Euskal Herria llamaron ayer a inundar las calles de Donostia este sábado a las 17.00, desde el túnel del Antiguo, en defensa de «los derechos humanos, la paz y la resolución del conflicto» y en respuesta a la operación policial que ha supuesto la detención de 16 personas, además de registros e incautaciones de dinero.
Solo intervinieron Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, y Adolfo Muñoz, secretario general de ELA. Denunciaron que estas operaciones «agreden directamente a una nueva situación política y social en la que se están realizando importantes esfuerzos para impulsar y hacer realidad un escenario de paz, libertad y democracia» frente al Estado español «empeñado en lo contrario» y que insiste en «estrategias que en sí mismas suponen la vulneración de derechos humanos, civiles y políticos».
Firman este llamamiento: 04/08 Epaiketaren Kideak, Abokatuak, AHT Elkarlana, Alternatiba, Aralar, Bilgune Feminista, CGT-LKN Euskal Herria, CNT, EB, Egiari Zor, EHE, EHNE, ELA, Eraiki Aralar, Ernai, Esait, ESK, STEE-EILAS, Etxerat, Ezker Gogoa, Gazte Abertzaleak, GITE-IPES, Goldatu, Hiru, Ikaste Abertzaleak, LAB, Lokarri y Sortu. Detrás de esta redada ven «razones de índole política». Así, recordaron que se «suceden en un momento en que la política penitenciaria del Gobierno de España está fuertemente cuestionada». Entienden que, a la vez que se incrementa la solidaridad, «el Estado lo criminaliza y convierte en delito». Sin embargo, Etxaide y Muñoz advirtieron de que «se está generando una deslegitimación creciente para con las medidas de excepción que se empeña en aplicar el Gobierno del PP contra los presos y presas vascas sometidas a la dispersión».
Tras recordar la manifestación de decenas de miles de personas de este pasado sábado o el juicio que se iba a iniciar contra los 35 militantes de la izquierda abertzale, insistieron en que es el momento de que «este pueblo salga de la espiral a la que pretende tenerle atado el Estado español» y «de mirar adelante, de comprometerse y dar pasos para avanzar hacia un futuro en paz, libertad y democracia». Y replicaron al PP que «no todo vale, no estamos dispuestos a entregar nuestro futuro a los irresponsables políticos del Gobierno español».
Anoche, en movilizaciones contra esta redada y/o contra la decisión del Supremo [ver páginas 8-9] hubo actos en Gueñes (60), Zaldibar (48), Amurrio (90), Lazkao (58), Azkoitia (60), Azpeitia (256), Zestoa (100), Barañain (92), Santurtzi (140), Soraluze (90) Atarrabia (120), Gares (30), Urduña (50), Muskiz (400), Igorre (100), Lemoa (70), Zarautz (250), Idiazabal (47), Sopuerta (33), Lezama (37), Iurreta (45), Getaria (72), Ermua (60), Berriatua (40), Lizarra (160), Sondika (22), Plentzia (49), Markina-Xemein (80), Alonsotegi (35), Zaldibia (60), Ugao (90), Orio (46), Aulesti (80), Bakio (87), Urretxu-Zumarraga (150), Portugalete (70), Oñati (500), Bilbo (3.000), Gernika (300), Bermeo (150), Ibarrangelu (70), Tafalla (76), Munitibar (25), Hernani (250), Sopela (90), Zornotza (110), Larrabetzu (94), Laudio (220), Berango (37), Usansolo (40), Sestao (100), Erandio (110), Durango (750), Elorrio (90), Bera 50), Lesaka (25), Arantza (40), Leitza (60), Zamudio (45), Barakaldo (250), Lekunberri (36), Erromo (80) y Leioa (90) y Arrasate (400). Juanjo BASTERRA
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