La muerte de Iosu Uribetxebarria vuelve a poner sobre la mesa una de las prioridades establecidas en la agenda para garantizar los derechos de los presos vascos: la liberación urgente de los que sufren una enfermedad grave. Es una cuestión muy básica respecto a la que en Euskal Herria hay un consenso muy amplio que, sin embargo, no logra avanzar a la velocidad a la que debería; precisamente, la velocidad a la que empeoran las condiciones de vida y la salud de esas personas presas. La capacidad de bloqueo del Estado muestra en este terreno su cara más despiadada.

Esa crueldad se mostró ayer en todo su esplendor, públicamente y sin pudor. El Estado español ha elevado a categoría de referente moral y político a gente que, vistos algunos de sus mensajes públicos de ayer, debería analizar seriamente si no ha desarrollado un grado grave de psicopatía. La mayoría son virtualmente cobardes pero potencialmente peligrosos. Una minoría puede ser comprensible desde un punto de vista humano particular, pero no si lo que plantean es una agenda política. Como mínimo, dejan un poso que ahonda en la falta de cultura democrática de gran parte de la sociedad española. Su sed de venganza es incompatible con un Estado de Derecho real y con una sociedad decente. Por ejemplo, en un momento en el que el cáncer parece una auténtica epidemia, cuando resulta casi imposible no tener a una persona cercana que padezca o haya padecido dicha enfermedad, la crueldad reivindicada ayer por muchas personas públicamente debería ser tenida en cuenta por quienes los han alimentado.

Frente a ese espíritu vengativo, conviene recuperar la entrevista que Uribetxebarria concedió a GARA desde el hospital. Sus opiniones sobre la enfermedad y la cárcel, el deseo -demasiado tarde pero cumplido- de vivir sus últimos días con dignidad entre los suyos, así como su mensaje sobre las víctimas y la convivencia marcan un horizonte bien diferente. Ese mensaje contiene la fuerza necesaria para «mover al elefante».