Bildu propone crear en JJGG una comisión para aclarar responsabilidades políticas en Bidegi
EH Bildu pedirá la creación de una comisión en las Juntas Generales de Gipuzkoa para «investigar las responsabilidades políticas del caso Bidegi» tras las irregularidades detectadas por el Ejecutivo foral en esta sociedad, correspondientes a la anterior legislatura, gobernada por el PNV.
El grupo juntero de la coalición recordó en una rueda de prensa que el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Azpeitia ha admitido a trámite la querella de la Diputación por presunta malversación de 3,4 millones de euros en Bidegi y que ha llamado a declarar como imputados a los tres denunciados.
Según la querella, estas tres personas estarían involucradas en el pago de 3,4 millones de euros en relación a la construcción de la AP-1 por trabajos que «no fueron ejecutados».
Bildu asegura que «se trata de hechos graves» dado que «cargos políticos de la dirección de Bidegi firmaron las irregularidades». Por este motivo, solicitó que las JJGG de Gipuzkoa abran una investigación y emplazó al resto de los grupos a que se sumen a la misma, al tiempo que opinó que corresponde al parlamento territorial «conocer fehacientemente lo ocurrido y dirimir las responsabilidades políticas».
«No cabe mirar al otro lado. La sociedad ya ha mostrado su rechazo a todo tipo de casos de corrupción» y las Juntas deben «dar las explicaciones y aclaraciones pertinentes», concluyó.
El depósito de Basagoiti-2
Los acusados en la querella son el exresponsable de la sociedad pública que gestiona las infraestructuras viarias, así como el de Eptisa-Cinsa, encargada de la asistencia técnica; y el de la contratista del tramo, la UTE Laureana conformada por Dragados, Moyua, Obras Subterránea (OSSA) y Geotunel. La Diputación les imputa delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos.
Las presuntas irregularidades se detectaron en la documentación relacionada con el tramo Eskoriatza Iparra-Arrasate Iparra (Epelde) de la autopista AP-1, en concreto con el depósito de tierras sobrantes de Basagoiti-2, al detectar que las liquidaciones abonadas en junio de 2011 por Bidegi y las cantidades contrastadas en la actualidad no coincidían.

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