2015/02/12

Bergara (PNV) y Dubreuil (PSE), en la empresa señalada por falsear la AP1

El mismo día en que Iñaki Dubreuil (PSE) entraba a formar parte del Consejo de Administración de Eptisa-Cinsa, investigada por los presuntos trabajos falsos en la AP1, dejaba ese asiento el jeltzale Joseba Andoni Leizaola. Este órgano lo preside Josu Bergara, ex diputado general de Bizkaia también por el PNV. La Diputación de Gipuzkoa señaló anteayer los «tejemanejes» entre ambos partidos y las similitudes con el «caso Cabieces». Dubreuil fue víctima de un atentado de ETA.

Oihane LARRETXEA DONOSTIA
Azala
AP-1

La portavoz foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, apuntaba anteayer que resulta «difícil de entender» la composición de ciertos consejos de administración sin ubicarlos en el «pacto de Estado que ha funcionado durante 30 años» para «pagar servicios prestados» al que hizo referencia el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, al hilo del «caso Cabieces». Ugarte no dio más datos, pero GARA ha podido constatar que se refería a la empresa de ingeniería Eptisa-Cinsa, investigada por falsificar presuntamente mediciones en la AP1. Una operación que la Diputación de Bildu cree que ha provocado daños a las arcas públicas de al menos 3,4 millones de euros y que es investigada en el Juzgado de Azpeitia.

Ugarte apuntó hacia PNV y PSE, las dos formaciones que precisamente anteayer se oponían a facilitar una comisión de investigación sobre este caso en las Juntas de Gipuzkoa. Efectivamente, desde marzo de 2008 el presidente del Consejo de Administración de esa empresa es Josu Bergara Etxebarria, el que fuera diputado general de Bizkaia por el PNV entre 1995 y 2003 y consejero de Transportes y Obras Públicas en el Gobierno de José Antonio Ardanza.

También figura en este órgano, en calidad de consejero, Iñaki Dubreuil Churruca (PSE), víctima de un atentado de ETA en 2001, ocurrido en las inmediaciones de la empresa Elektra, en el barrio donostiarra de Martutene y que provocó la muerte de dos trabajadores. Dubreuil resultó herido.

Mario Fernández hablaba en su nota del pasado viernes de un sistema generalizado destinado a «posibilitar alguna salida laboral» a personas que «han estado en la primera línea de la lucha antiterrorista», supuesto que aplicó a Cabieces y que resulta aún más evidente en el caso de Dubrueil por su condición de víctima de ETA.

Se da la circunstancia añadida de que Dubreuil, que repite como candidato a la Alcaldía de Ordizia para las próximas municipales, entró a formar parte del consejo el mismo día en que el jeltzale Joseba Andoni Leizaola -presidente del Parlamento de Gasteiz entre 1990 y 1998- se dio de baja de ese cargo. Fue el 24 de enero de 2011. Una sustitución que alimenta la tesis de Ugarte sobre la existencia de «tejemanejes» entre PNV y PSE.

A mediados de marzo

La querella por estos hechos, interpuesta al descubrirse que un movimiento de tierra del tamaño del estadio de Anoeta no se efectuó en realidad, sigue su curso y a mediados de marzo está previsto que declaren los tres primeros imputados: Agustín Zugasti, ex director técnico de Bidegi; Iván Fernández de Landa, responsable de la UTE Laurena, encargada de las obras; y Juan Bautista March Fabregues, directivo desde 2008 de Eptisa-Cinsa. Son quienes firmaron la liquidación de los trabajos aparentemente no realizados, lo que ocurrió, por cierto, en vísperas del relevo entre PNV y Bildu en la Diputación de Gipuzkoa.

Las mediciones de la ingeniería son claves para determinar los pagos públicos. «La Administración jamás debe pagar en función de lo que pida la UTE, sino en función de lo que mida la ingeniería. Y estas han sido falsificadas para pagar de más. Ahí está el delito», avanzó Ugarte anteayer.

La portavoz foral confirmó que las investigaciones pueden ampliarse porque Bidegi pagó 20 millones de euros de más de lo que solicitó la UTE, si bien hay que determinar si fue o no por trabajos ejecutados.

Investigarán nuevos pagos a Cabieces, ahora de Iberdrola

La fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán, ha pedido al juez que investigue el pago por parte de Iberdrola de 107.000 euros al ex delegado del Gobierno español Mikel Cabieces, que ya había cobrado también de Kutxabank por los servicios prestados en la lucha anti-ETA, según Mario Fernández.

La fiscal envió ayer al juzgado sus conclusiones sobre el asunto de Kutxabank, donde advierte indicios de tres presuntos delitos por «administración desleal», «apropiación indebida» y «falsificación de documento mercantil», que en sus supuestos más graves conllevan penas de hasta cuatro años de prisión. Pero en el mismo auto, la representante del Ministerio Público pide al juez que investigue los pagos de la compañía eléctrica a Cabieces, no desvelados hasta ahora. Explica que fue contratado en 2012 (tras dejar la Delegación del Gobierno) como asesor jurídico en Iberdrola, que le pagó por ello 45.000 euros en 2102 y 62.000 en 2013. Con los 243.000 euros de Kutxabank, se embolsó por tanto 350.000 en dos años (unos 14.500 euros al mes).

Iberdrola evitó hacer comentarios sobre este asunto.

Los pagos a Cabieces no serán investigados en el Parlamento de Gasteiz, dada la oposición confirmada ayer de PNV y PSE. Joseba Egibar apuntó por la mañana que es mejor esperar a la investigación judicial y evitar «mancillar» la imagen de Kutxabank, y por la tarde fuentes de la Ejecutiva del PSE dieron por bueno ese criterio y anticiparon que votarán en contra de la propuesta de EH Bildu.