Hiriko fue un «plan para distraer fondos públicos en beneficio propio»
La querella de la Fiscalía de Araba contra los promotores de Hiriko es demoledora. Presenta el proyecto como un plan ideado para distraer dinero público en beneficio propio, en el que la fabricación de automóviles eléctricos no era más que un «pretexto». Además, dice que crearon un entramado societario para que si el proyecto resultaba exitoso todos los beneficios fueran para quienes ellos decidieran, y si fracasaba, las instituciones no podrían recuperar los fondos.
Hiriko se presentó como un ambicioso proyecto industrial y de investigación impulsado por Afypaida para la construcción de un modelo de coche eléctrico. Con ese fin obtuvo hasta 18 millones de euros en ayudas institucionales. De ellos, 15 millones fueron gracias a enmiendas presentadas por el PNV a los presupuestos generales del Estado. Y otros 2,7, subvenciones del Gobierno de López. También hubo aportaciones de la Diputación Foral de Araba.
Finalmente el proyecto fracasó y muchas han sido las voces que en defensa de su actuación institucional han dicho que es algo que suele ocurrir, que estos proyectos pioneros y vanguardistas son arriesgados.
Sin embargo, la querella de la Fiscalía de Araba -apoyada en 35 cajas de documentos con la investigación de la Ertzaintza- da una patada a esa teoría. Y dice que odo era un plan de los impulsores de la idea para llevarse al bolsillo el dinero público.
El fiscal se ha querellado contra Jesús Echave, Fernando Achaerandio, Iñigo Antia, José Barreira, José Luis Bengoechea, Francisco Javier Calera y la propia Afypaida. Les acusa de los delitos de «malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones, apropiación indebida y blanqueo de capitales».
«Entramado societario»
El fiscal Jesús María Izaguirre no deja títere con cabeza. Desde la primera línea señala que «los querellados, sin experiencia, conocimiento ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles, idearon un plan consistente en que, con el pretexto de poner en marcha un proyecto de construcción de un vehículo eléctrico, que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio».
Detalla cómo Echave, Barreira, Bengoechea, Achaerandio y Antia fueron creando la asociación Afypaida, supuestamente sin ánimo de lucro, junto a una red de diferentes entidades jurídicas, de forma que en caso de éxito todo el negocio hubiera quedado en una de esas sociedades de su titularidad. Y si, como era previsible, fracasaba, «las administraciones públicas no podría recuperar los fondos invertidos».
Echave contrató a Echave
La lista de irregularidades que relata el fiscal es larga. El empresario Jesús Echave, clave de bóveda del proyecto, decidió alquilar un amplio local. Simuló pedir varios presupuestos, pero como había previsto, se lo alquiló a una empresa suya. Es más, el precio del alquiler del edificio se tasó en 5,77 euros el metro cuadrado al mes. Sin embargo, Echave se pagaba a sí mismo por encima de los 12 euros.
La Fiscalía detalla luego que Echave «decidió contratar obras para la reforma del local que no eran necesarias para la real actividad a la que se dedicó el mismo». Y las obras se las encargó a otra empresa suya y además se pagó a sí mismo 76.993,33 euros más de lo contratado. Lo que supuso «un enriquecimiento injusto del mismo y las sociedades a él vinculadas».
«Pagos indebidos»
La querella detalla diversos pagos indebidos en la operación. Por ejemplo, la compra de un prototipo de coche de carreras por 647.955 euros a la empresa Circuito del Norte que Afypaida no necesitaba para nada. Pero es que los socios de ambas firmas son los mismos: los querellados Echave, Barreira, Bengoechea y Achaerandio. Antia era el único empleado de la primera y secretario de la segunda.
La querella recoge pagos indebidos a Launorte, representada por Bengoechea, y a Sainsa, que preside Echave. Se contrataron servicios con Denokinn y Innovalab, que nunca se realizaron pero que sí se facturaron. Trabajos por los que además Afypaida pagó también a otras empresas.
A la firma Maser le pagaron circuitos eléctricos por valor de 673.575,1 euros que no fueron suministrados, sin que Afypaida le reclamara ninguna cantidad. Lo mismo ocurre con un encargo de «robot-ruedas» a BRW con un coste de 1,4 millones de euros. Nunca se entregaron ni se les pidió el dinero. A Vilau-Media, representada por el querellado Caldera, se le abonaron 73.160 euros por trabajos de los que no hay constancia.
La querella está abierta a otros posibles imputados.
Afypaida pagó las patentes tras la denuncia de EH Bildu
Según puede comprobarse en la web de la oficina de patentes, Afypaida pagó las tasas que tenía pendientes después de que EH Bildu hiciera público y denunciara ante la Fiscalía que el impago podría dar lugar a que las patentes quedaran libres y pudieran ser adquiridas por otras empresas que estarían ya trabajando en la materia, lo que consideraban que suponía un delito de «alzamiento de bienes».
EH Bildu hizo pública su preocupación el 30 de junio de 2014, puso la documentación en manos de la Fiscalía el 2 de julio y Afypaida realizó los pagos de dos de las patentes el 11 de julio y de una tercera el 17. Por eso ocurre que, una vez realizados los abonos, la Fiscalía no halla ya motivo para admitir la denuncia.
Pero el peligro fue real. De hecho, Afypaida perdió una de las patentes, la relativa al sistema de tracción, dirección y frenado, que le fue retirada el 7 de julio por impago de los derechos de concesión. Afypaida lo recurrió, porque pagaron justo el día que se publicó la retirada de la licencia, y hasta este 2 de febrero no se ha publicado la estimación de su recurso, según ha podido comprobar GARA. I. IRIONDO
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