El Ayuntamiento de Trebiñu reclamó ayer la caducidad de los convenios vigentes entre las administración vascas y la Junta de Castilla y León, y solicitó que los servicios a la ciudadanía se presten directamente por el Gobierno de Gasteiz. Una opción que implicaría el cambio de la titularidad administrativa del enclave.

Según informó la agencia Efe, el alcalde, Ignacio Portilla, recordó que la prestación de servicios a través de convenio y otros «apaños institucionales» entre Castilla y León y la CAV supone una situación de «transitoriedad, precariedad e inseguridad jurídica» para los vecinos de Trebiñu y Argantzun.

Así se recoge en la proposición aprobada ayer por el pleno, en la que se insta a las instituciones autonómicas a que pongan fecha de caducidad a esos convenios. Una decisión que, en opinión del primer edil, debería hacerse efectiva a lo largo de la próxima legislatura.

En la propuesta, el Consistorio indica que las instituciones implicadas en la administración de Trebiñu, en alusión a la Diputación de Burgos y a la Junta de Castilla y León, no están en condiciones de obligar a otras a garantizar la prestación de servicios y, por lo tanto, consideran que la «solución racional» pasa por la transferencia administrativa de la titularidad del encalve a la Diputación Foral de Araba y al Ejecutivo de Gasteiz.

Por eso, piden a las instituciones de Castilla y León que constaten su «incapacidad» para prestar los servicios de forma «racional, directa y de pleno derecho»; y solicitan a las de la CAV que fijen una fecha límite para que le sea transferida la titularidad del enclave «como garantía de estabilidad y de pleno derecho competencial».

Competencia de Madrid

Los acuerdos adoptados en el pleno de ayer serán remitidos al Gobierno español y al Congreso de Madrid, que tienen la «capacidad exclusiva» para tramitar una ley orgánica que facilite la integración en Araba y para dar una solución definitiva al contencioso territorial.

También trasladarán el acuerdo del pleno a la fallida Ponencia de Enclaves Territoriales, creada en 1995 en el Senado, cuyo informe, conclusiones y recomendaciones siguen sin aplicarse en la actualidad.

Cabe señalar que, además de las acciones legales, la proposición aprobada por el Ayuntamiento contempla la posibilidad de presentar denuncias puntuales por la vulneración de derechos derivada de la situación administrativa del enclave.

En este sentido, Portilla detalló que los vecinos se encuentran a diario con situaciones excepcionales derivadas de la situación administrativa. Por ejemplo, Trebiñu y Argantzun no pueden crear mancomunidades de gestión con otros municipios limítrofes. Hay que añadir los problemas asociados al ámbito educativo y sanitario.

La proposición fue aprobada por los concejales de las agrupaciones independientes y por los ediles de PNV y EH Bildu. Los tres ediles del PP no asistieron al pleno extraordinario, convocado en una fecha especial, ya que el 8 de marzo de 1998 el 68% de los vecinos votó a favor de la integración en la CAV.