El juez acusa de once delitos a 26 implicados en el «Caso De Miguel»
El juez ha cerrado la instrucción con la imputación de once delitos a veintiséis implicados en la causa en la que Alfredo De Miguel, número 2 del PNV de Araba en su día y diputado de Administración Local hasta 2010, «lideró un entramado societario» dirigido a obtener irregularmente contratos o adjudicaciones de administraciones gobernadas por los jeltzales, cobrar comisiones por adjudicaciones públicas y obtener pagos en base a contratos simulados o irreales.
Hace cinco años, el 17 de marzo de 2010, Gasteiz se sobresaltaba con la detención por la Ertzaintza del diputado foral de Administración Local, Alfredo De Miguel, el hombre con todos los boletos para suceder a Iñaki Gerenabarrena al frente del Araba Buru Batzar. Junto a él fueron arrestados los burukides Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, las esposas de los tres, el exgerente del Parque Tecnológico de Araba situado en Miñano y entonces vocal del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), Alfonso Arriola, y el constructor Jon Iñaki Etxaburu.
El origen de la operación habían sido las 24 grabaciones presentadas meses antes ante la Fiscalía por la abogada Ainhoa Alberdi, que acusaba a la trama de extorsionarla para que pagara comisiones ilegales por la adjudicación a su empresa de la gestión de la ampliación del Parque de Miñano. Un contrato superior a los 471.000 euros, por el que le pedían una mordida de 100.000.
La investigación fue creciendo con nuevas ramificaciones de contratos en el ámbito cultural y de recalificaciones en el municipio de Zanbrana, y ha concluído cinco años después con la acusación de hasta once delitos para un total de veintiséis imputados.
El juez aprecia indicios de la presunta comisión de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Según consta en el auto dictado por el juez Roberto Ramos, «Alfredo De Miguel, contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario dirigido» a obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de distintas administraciones gobernadas por el PNV, cobrar comisiones del 4% por adjudicaciones públicas y obtener pagos en base a contratos simulados o irreales.
Los negocios irregulares con la Administración los realizaba tanto para su propia empresa, Kataia Consulting, como para otras como Errexal y Ortzi Muga, que estaban todas «íntimamente relacionadas entre sí». La complejidad del sistema ha llevado al juez a tener que realizar hasta ocho croquis con las interrelaciones entre empresas e imputados.
Zanbrana y la cultura
Además de las operaciones presuntamente delictivas habidas en torno al Parque Tecnológico de Miñano, el auto refleja también las irregularidades en la tramitación de las normas subsidiarias del municipio de Zanbrana para la creación de suelo industrial y donde gracias al poder institucional del PNV se tomaron decisiones contrarias a los instrumentos de ordenación de Araba.
Además se observan «movimientos dinerarios» entre empresas, «en base a negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la legalidad y que -según el juez- supuestamente enmascaraban el pago de comisiones».
Otra de las ramificaciones del caso afecta a adjudicaciones realizadas por el Departamento de Cultura del Gobierno de Ibarretxe con las firmas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, y que en apenas dos años sobrepasaron los 300.000 euros.
El auto, de 183 folios, puede ser todavía recurrido por las partes. Si no, se abriría la fase de juicio oral, para lo que la fiscalía presentaría su escrito de acusaciones y los abogados los alegatos de la defensa.
El PNV sospecha del momento y pide «la no politización» del caso
El PNV hizo público en la tarde de ayer un comunicado en el que dice asistir «con sorpresa y preocupación» a que las novedades sobre este caso lleguen en «un periodo de intensa e inmediata actividad electoral», y tiene el recelo de que «más allá de la búsqueda de la verdad, en el trasfondo de este asunto pudiera ocultarse un interesado impulso político».
En el escrito, el PNV confía en que el juicio sirva «al esclarecimiento total de los hechos y a la depuración de todas las responsabilidades, si las hubiere». Pero, al mismo tiempo, pide respeto a la presunción de inocencia.
El EBB «exige la no politización de un caso cuyo origen no se localiza en la actividad de un colectivo sino en el supuesto comportamiento de particulares», aunque el juez deja bien claro que se aprovecharon de su condición de miembros del PNV y cargos institucionales para cometer los delitos de los que les acusa.
También el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, insistió en la presunción de inocencia y en que hay muchos juicios que acaban con el sobreseimiento de la causa, así que comentó que «por lo tanto, no vamos a precipitar acontecimientos».
Por contra, el resto de partidos ve claros indicios de corrupción. EH Bildu mostró la necesidad de «airear las instituciones», puesto que los sucesivos gobiernos en este territorio, bien del PNV, del PSE o del PP, han tenido «un único modelo de gestión clientelista y con prácticas corruptas».
El diputado general de Araba y dirigente del PP, Javier De Andrés, afirmó que el auto del juez es «el libro negro del clientelismo nacionalista en Álava» GARA
El exjefe de Bidegi declara hoy en el Juzgado de Azpeitia
Agustín Zugasti Arizmendiarrieta, ex director técnico de Bidegi, declara hoy en calidad de imputado en el Juzgado de Azpeitia a raíz de la querella interpuesta por la Diputación guipuzcoana por la supuesta facturación de trabajos falsos en las obras de la AP-1. Este acusado deberá explicar por qué se facturaron enormes movimientos de tierra que, según el actual Gobierno foral de Bildu, no se realizaron como se ha constado. El ex director técnico de Bidegi tuvo contrato blindado desde 2006 y su despido costó a las arcas públicas unos 300.000 euros.
Con motivo de la declaración de Agustín Zugasti, así como de los representantes de las ingenierías Juan Bautista March Fábregues e Iván Fernández de Landa, EH Bildu ha convocado una concentración, a las 10.15, ante el juzgado bajo el lema «Non dago gipuzkoarron dirua?».
La Hacienda vizcaina retira un anuncio en GARA tras la infomación sobre Iruarrizaga
La Diputación vizcaina no tiene nada que decir en torno a la información publicada ayer por este diario acerca de que el responsable de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, compaginó durante unos meses en 2003 sus responsabilidades en la institución foral con cargos en empresas constructoras y del sector sociosanitario a las que les adjudicaron en ese periodo tres contratos públicos por valor de 29,5 millones de euros. El único movimiento desde el Gobierno foral fue anular una inserción de publicidad prevista para el 30 de marzo bajo el lema «Contra el fraude fiscal».
Primero el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el responsable de Presidencia y portavoz foral, Unai Rementeria, evitaron pronunciarse al respecto a preguntas de los periodistas en un desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna Euskadi que ayer reunió en Bilbo a los candidatos jeltzales a las alcaldías de Bilbo, Gasteiz y Donostia. Después, GARA trató de conocer la posición de la Diputación, cosechando como respuesta que no tenían nada que decir, aunque fuentes forales añadieron que lo recogido en la noticia no preocupa. «Hay mucha tranquilidad. Se trata de una cuestión de 2003», apostillaron.
En cuanto a la retirada de la inserción publicitaria, se adujo que es «por ajustes económicos». Al ser interpelados sobre la razón por la que la anulación tan solo afecta a GARA, evitaron pronunciarse.
No es descartable que, en los próximos días, pueda producirse alguna reacción pues ha sido una práctica habitual en los gobiernos de José Luis Bilbao, y especialmente en el caso del diputado general de Bizkaia jugar con los tiempos en casos como el desvelado ayer por este diario. Si no es así habrá que esperar a que se sustancie la solicitud de comparecencia urgente registrada por EH Bildu para que Iruarrizaga, Bilbao y Rementeria den explicaciones, aunque desde la coalición se les instó ayer a hacerlo por «iniciativa propia». En el caso del diputado de Hacienda y Finanzas, sorprende que siguiera siendo apoderado de Urazca Construcciones SA hasta el 24 de noviembre de 2003; dos meses antes Bizkaiko Bideak, de quien era consejero, otorgó a ese firma un contrato por de 15,4 millones. A.G.
EH Bildu pide aclaraciones urgentes
EH Bildu emplazó ayer a la Diputación a que ofrezca «todas la explicaciones que sean necesarias» sobre la relación del actual diputado de Hacienda y Finanzas con empresas constructoras en 2003. «La credibilidad y la legitimidad del Gobierno foral están en juego», dijo su portavoz.
Ante la sospecha de que el PNV evitará pronunciarse, la coalición solicitó ayer la comparecencia urgente en JJGG de José María Iruarrizaga, José Luis Bilbao y Unai Rementeria. Existe el peligro de que la Mesa de la Cámara vizcaina, de la que está excluida EH Bildu, rechace la urgencia, por lo que el asunto se demoraría a la próxima legislatura. Por ello, Irune Soto incidió en que será «clave» la postura que adopten PSE y PP al respecto.
En caso de que se confirmase lo publicado por GARA, según EH Bildu, se estaría ante un «claro caso de incompatibilidad». «Si la Diputación de Bizkaia ha incumplido esa norma, el Gobierno foral no podrá garantizar que el interés privado no haya inteferido en su mandato», sostuvo el juntero Joseba Gezuraga, quien recordó sus continuas denuncias de que la mayoría de los contratos de la Diputación «recaen sobre un reducido grupo de empresas que además están estrechamente ligadas al PNV y a destacados miembros del partido».
«Este pasado fin de semana el portavoz foral, Unai Rementeria, hablaba de la necesidad de luchar contra la corrupción, afirmando que no se pueden rebasar las líneas rojas. Pues bien, su lo que se publica hoy [por ayer] es cierto, aquí se han pasado todas las líneas rojas y por tanto, se deberán depurar responsabilidades de la misma», sostuvieron. A.G.
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