Tras haber pasado 24 y 27 años presos respectivamente, el cumplimiento de condena de Alberto Plazaola y Santi Arrozpide ha sido alargado por el Tribunal Supremo. Decidió ayer aceptar el recurso de la Fiscalía contra la excarcelación dictada antes por la Audiencia Nacional. Y con ello el Alto Tribunal español desafía a Europa, dando por buena la trampa construida por el PP para sortear la decisión marco de 2008 que instaba a descontar a los presos los tiempos de condena cumplidos en otros estados de la Unión Europea.

La pelota vuelve ahora al tejado de la Audiencia Nacional. Será la Sección Primera, que lleva estos casos, la que tendrá que calcular cuánto tiempo más se les va a imponer de cumplimiento (informaciones de prensa prevén cuatro años más para Plazaola y siete u ocho más para Arrozpide). Anoche, vecinos relataron a GARA que sobre las 23.00, ocho patrol de la Guardia Civil llegaron a Oñati en busca de Plazaola, que no se hallaba en su domicilio. En el caso del lasartearra Arrozpide, ya fue devuelto a la cárcel en enero usando como excusa una causa antigua reactivada ahora.

Pero la AN tiene también otra opción sobre la mesa. Tanto la Sección Primera como la Tercera se han manifestado dispuestas a elevar una pregunta directa a Europa sobre si está cumpliendo así o no la decisión marco de 2008. Disponen para ello de la opción de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Sortu informó anteayer de que la Sección Tercera apuesta por hacerlo.

Ello obligaría a las instituciones europeas a fijar posición contundente ahora, sin tener que esperar a los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tardan muchos años en resolverse (en el caso de la «doctrina Parot», pasaron siete años y medio desde que el Supremo la inventó hasta que fue derogada, y entre tanto hubo incluso presos vascos que agotaron seis años de prórroga de condena ilegal).

En cualquier caso, tampoco se le escapa a nadie la existencia de fuertes presiones del Gobierno del PP para que todos los tribunales españoles sin excepción acaten la trampa. De hecho, el Supremo denunció estas injerencias señalando directamente al ministro del Interior, pero luego ha terminado acatando su dictado. Esta contradicción fue remarcada ayer por el diputado de Amaiur y abogado de presos vascos Iker Urbina.

Tanto los juristas expertos como el Gobierno de Lakua o Sortu consideran que la doctrina en marcha será anulada, bien ahora por Luxemburgo o dentro de unos años en Estrasburgo. Pero el partido de la izquierda abertzale advierte de que «mientras tanto el TS va a obligar a personas presas a pasar por un calvario injusto, fuera de lugar y contra todo sentido de la aplicación de la justicia».

Las afecciones de esta doctrina serían muy amplias, ya que se calcula que más de 60 presos vascos deberían salir libres de modo inminente (en torno a una decena) o en los siguientes años si se acepta la decisión marco europea.

Filtración sin confirmación

La decisión del Tribunal Supremo se difundió de forma muy inhabitual: a través de una filtración que luego fue certificada a medios madrileños desde fuentes del Alto Tribunal. Es habitual que esta instancia se tome su tiempo para redactar el contenido de los fallos (han sido casi dos meses con el de Pikabea), pero no que intente ocultar el sentido de la decisión.

Hecha esta salvedad, se asegura que la decisión de aceptar el recurso de la Fiscalía fue tomada con cuatro votos a favor y una sola discrepancia, la de Joaquín Giménez, que ha tenido posicionamientos públicos conocidos contra la excepcionalidad penal española con los presos vascos. Así que el fallo ha sido más contundente que el de enero, cuando la cuestión se abordó al máximo nivel, en el Pleno formado por quince magistrados, y el resultado fue más ajustado: nueve a seis.

En Oñati y Etxerat

Etxerat recuerda en una nota lo ocurrido durante años con la doctrina 197/2006 y censura que «la historia se repite y esta situación no tiene vuelta atrás». Aprecia una decisión del Supremo destinada exclusivamente «a hacer daño» y que tiene efectos tremendos desde el punto de vista humanitario.

La solidaridad con Plazaola se plasmó en Oñati en una manifestación en la que participaron cientos de personas. Quisieron hacerle llegar su apoyo poniendo fin a la movilización ante el domicilio familiar.