Porro, canuto, maría, china, peta... son términos ya asentados en nuestro léxico cotidiano. La discusión sobre las consecuencias en la salud del consumo de los derivados del cáñamo -marihuana en el caso de los cogollos de la planta hembra y hachís en el caso de la resina de la planta- también viene de atrás, igual que el debate sobre el tratamiento legal que debería tener el uso de este sicotrópico. Sobre la primera cuestión, a día de hoy no se discute que en el caso de determinadas personas y determinados niveles de consumo sí presenta riesgos de salud; en cuanto al aspecto legal, en el Estado español su consumo individual no es perseguido, y tampoco su cultivo para uso estrictamente particular, pero a partir de ahí se abre un limbo jurídico plagado de preguntas sin respuesta.

Iñaki Martínez es sicólogo, miembro de la asociación Orain, e indica que «durante años, y también ahora, tendemos a culpar a la sustancia, en vez de al uso que se hace de ella. Y habría que hacer justo lo contrario, poner el foco en cómo se consume, con qué motivación, a qué edad, con qué frecuencia, qué efectos presenta en cada persona en concreto...». En cualquier caso, distingue claramente entre menores y mayores de edad, y en el primer caso se decanta sin dudas por el no consumo, actitud que entiende que los padres deben promover e intentar hacer entender al hijo o hija que comienza a fumar porros. La escena de chavales que entran a clase al instituto habiendo consumido ya cannabis a primera hora de la mañana es uno de los síntomas más claros de un hábito convertido en problema de salud y social.

Como sicólogo especializado en la cuestión, con muchos casos tratados en su gabinete, Iñaki Martínez no duda en reivindicar el papel de los padres como establecedores de normas y límites a los hijos, pero no solo en lo referente al consumo de sicotrópicos o alcohol, sino a la hora de abordar muchas otras conductas anómalas que conviene atajar a tiempo: «Por el bien del propio chico o chica, de la familia, y de la sociedad a fin de cuentas, los padres han de afrontar sus responsabilidades», sostiene.

En cualquier caso, es evidente que consumir se consume, en nuestras calles, bares y casas. Ahora bien, el cannabis no se puede comprar en el supermercado ni los bares ofertan un «porro-pote». Los usuarios lo adquieren en el mercado negro, con los riesgos sanitarios añadidos y la limitación de oferta que ello comporta. Disconformes con esta situación, consumidores de cannabis optaron por la creación de clubs de usuarios, una figura sustentada en la doctrina de «consumo compartido» establecida por el Tribunal Supremo español. ¿Las condiciones? Que los asociados sean mayores de edad y usuarios de larga trayectoria, que la distribución y consumo se realicen en locales cerrados, que terceras personas no tengan acceso, y que no haya ánimo de lucro. Una vez formado el club y nombrados sus responsables, solo resta inscribirse en el registro de asociaciones de Lakua o del Gobierno de Nafarroa, herrialde en que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha logrado recientemente impulsar una ley propia sobre los clubes de cannabis. En el Estado español existen casi 600 asociaciones de este tipo, de ellas más de de 100 en Hego Euskal Herria. Se estima que el número de usuarios diarios en la CAV es de 28.000, cifra que asciende a 71.000 en el caso de consumidores semanales.

Clubes de cannabis

Gregorio Sancho es el presidente de EUSFAC, Federación de Asociaciones de Cannabis de Euskadi, y subraya que el gran problema de estos clubes es que su regulación legal no es clara en lo que respecta al cultivo del cáñamo. Por el contrario, la distribución del cannabis no suele plantearles problemas. Los clubes están tolerados, pero periódicamente los distintos cuerpos policiales realizan operaciones contra los mismos, caso de la asociación vizcaina Pannagh, cuyos responsables han sido juzgados estos días en Bilbo, acusados de «tráfico de estupefacientes» y «asociación de malhechores», a pesar de que han reiterado que Pannagh es plenamente legal y que la marihuana que habían cosechado y les intervino la Policía Municipal de Bilbo en 2011 estaba destinada a sus socios. Por otra parte, no son inusuales los robos de plantas en los terrenos de las asociaciones, a cargo de bandas que se aprovechan de la indefensión jurídica de los cultivadores. En palabras de Martin Barriuso, presidente de Pannagh, «la policía nos acosa por un lado y los ladrones por el otro».

En el caso de Sancho, su club de procedencia tiene establecido un tope de quince gramos semanales para sus asociados, lo que hace 720 gramos anuales, pero en la realidad el consumo medio de los asociados -que han de ser mayores de 21 años- apenas llega a la mitad. Además, realiza una labor de seguimiento personalizado de los consumos, y si detecta comportamientos de riesgo en algún socio pone los medios para corregirlos. A ello se añade la realización de cursillos de prevención y la difusión de información sobre beneficios y perjuicios causados por el cannabis.

En la vertiente administrativa-legal, como ya se ha dicho, el terreno es pantanoso. Lo sabe bien el abogado Aitor Brion, especializado en el tema, que subraya la importancia del ya citado concepto de «consumo y cultivo compartido», que abre una puerta al consumo tolerado en el marco de asociaciones de usuarios. Además de las limitaciones de edad, no distribución a terceros... esta doctrina de consumo y cultivo compartido introduce el concepto de «cantidad de relevancia», esto es, la que no puede ser superada para ser considerada de «autoconsumo», y que el Supremo estableció en una resolución de 2004 en diez kilogramos.

Este abogado tiene claro que el cannabis está entre nosotros y va a seguir estando, por lo que se inclina por una regulación de la materia que establezca un marco de derechos y deberes claros para los consumidores, que fundamentalmente defina con nitidez qué se considera autoconsumo y qué se considera tráfico. Y a partir de ahí, que cada cual actúe en consecuencia (El reportaje completo se puede leer en NAIZ).