La inauguración de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Frankfurt y los 1.300 millones que ha costado su edificación van más allá del insulto a los pueblos que sufren la austeridad de sus políticas. Diría que es una canallada más de los sofisticados mafiosos que dirigen el poder económico y político. El despliegue policial con que se ha protegido el acto y la brutal intervención contra los miles de manifestantes que secundaron la convocatoria del movimiento anticapitalista Blockupy demuestran el blindaje represivo con que se protegen las élites del sistema. Como en otros encuentros europeos, las imágenes del 18 de marzo hablan por sí mismas y demuestran lo ya sabido desde hace más de un siglo, que la política, la Policía y las leyes son parte imprescindible de las superestructuras institucionales que mantienen y sacralizan el capitalismo. La Ley de Seguridad Ciudadana o, mejor, la «ley mordaza» del Gobierno español llega en el instante justo, como un aledaño ideológico y jurídico, para silenciar las protestas sociales y criminalizar aquellas acciones de «insurrección pacífica», que decía S.Hessel, contra ese totalitarismo de los mercados que estrangula la soberanía de los pueblos, empobrece, desahucia, excluye y mata. Y no hay que abstraerse en la filosofía de esta legislación para afirmar que la libertad de expresión y de información están, de manera especial, en su punto de mira. A Iraitz Salegi, redactora de Topatu, la Audiencia Nacional le quiere condenar a 18 meses de cárcel por informar sobre un acto de Ernai. Más de 500 periodistas de Euskal Herria hemos firmado un manifiesto para denunciar la intencionalidad represora de la Ley y extender la solidaridad con Iraitz. Antes, ahora y siempre, Kazetaritza Ez Da Delitua.