Lolita Chávez y Michel Forst compartieron ayer ponencia en el congreso que hasta hoy se celebra en Bilbo organizado por CEAR-Euskadi y el Colegio de Abogados de Bizkaia sobre la responsabilidad de la comunidad internacional en la protección de personas defensoras de derechos humanos. Ambos la demandaron, pues hay ámbitos en los que ni el relator puede actuar, como desgraciadamente le sucede, lamentó, en Colombia.

La representante del Consejo de Pueblos K’iche conoce de primera mano las amenazas, intimidaciones, violaciones, intentos de atentar contra su vida y, sorprendentemente para muchos europeos, la criminalización que sufre por parte del Gobierno de Guatemala tras interponer denuncias contra empresas transnacionales. Todo empezó en 2010, rememoró, cuando llevaron a cabo una consulta comunitaria en la localidad de Buena Fe, «donde mataron a dos compañeros».

Lolita Chávez denunció que niegan validez a esas consultas, al no considerarlas vinculantes, aunque advirtió de que las multinacionales las emplean en beneficio de sus intereses. Pese a ello, la activista guatemalteca incidió en que 37.000 personas de 87 comunidades se opusieron a que se den 32 licencias mineras y 17 hidroeléctricas.

«Quiero seguir viva»

«Los defensores de los derechos humanos amamos la vida, no somos criminales», manifestó Chávez. «Quiero seguir viva», insistió al referirse a un futuro retorno a su tierra una vez que finalice la protección temporal que le brinda el Ejecutivo de Lakua. Antes, pidió a Michel Forst que solicite a la ONU la ampliación de su mandato después de responder que las cuestiones relacionadas con los tratados de libre competencia no son de su competencia.

Chávez expuso que su territorio «está en disputa» por parte de las grandes corporaciones y que su pueblo «molesta» para esos planes. Estimó una «hipocresía» que se considere a Guatemala un Estado de derecho cuando es «sumiso» y se «arrodilla» ante las transnacionales.

Citó las agresiones que los indígenas sufren a su salud, educación, cultura, a sus propias vidas y, en su caso, especialmente, por su condición de mujer. Habló de la persecución que padece y como por su defensa de los derechos humanos la tachan de «terrorista» para que su propia comunidad la estigmatice.

La activista pidió a los estados que actúen «en origen» contra las empresas que tratan de colonizar sus tierras expulsándoles a cualquier precio para implantar «megaproyectos». Chávez demandó un «compromiso internacional» y recordó que el «desarrollo» supone «despojo».

No criminalizarles

Ese mismo «compromiso» reclamó el propio relator especial de la ONU para poder amparar a los defensores de derechos humanos de Colombia, donde no son ni reconocidos o son criminalizados en base a la legislación estatal. Forst, que ensalzó el valor de Chávez, enumeró siete principios para defender a quien defiende, pidiendo expresamente a gobiernos como el guatemalteco que cumplan para reducir los «riesgos».

Demandó el reconocimiento de la gran diversidad de defensores, lamentando que muchos de ellos, como los LGTBI, no sean ni reconocidos por otros en muchos países. También reclamó que se tenga en cuenta la perspectiva de género, al ser muchas mujeres las perseguidas. Michel Forst otorgó importancia a la prevención, citando los casos de México, Colombia y Honduras, que parecen no ser capaces de contar con sistemas de protección eficaces ante el carácter «vengativo» de las transnacionales con aquellos que las cuestionan.

Por ello, reconoció el relator, los defensores no confían en los mecanismos gubernamentales.