En un comunicado, la Cancillería ha denunciado que la suspensión ha «sido adoptada al margen de las disposiciones» del tratado constitutivo de la Unasur y se ha tomado «sin sustento jurídico alguno».

«Ninguna norma vigente autoriza a excluir a un Estado miembro, o sus representantes, de las reuniones de Unasur», por lo que el Gobierno interino paraguayo «exige que se señale concretamente la disposición que le sirvió de fundamento».

El Ejecutivo de Federico Franco asumió el poder en Paraguay el pasado día 22, tras la destitución de Fernando Lugo por el Senado a través de un «juicio político», que el propio Lugo calificó de «golpe de Estado exprés».

Lo ocurrido llevó a la Unasur y al Mercosur a suspender a Paraguay hasta las próximas elecciones, previstas en abril de 2013.

La Cancillería ha reafirmado que en Paraguay «no se dio ni existe ruptura del orden democrático», como argumentan sus vecinos y ha expresado su «preocupación y alerta a la comunidad internacional sobre el procedimiento utilizado en este caso, el cual se ha basado principalmente en emociones políticas, soslayando el derecho internacional».

«La decisión adoptada debilita y desvirtúa lo establecido en el Tratado Constitutivo de Unasur, y es, categóricamente, ilegal e ilegítima», ha mantenido.

A Paraguay, ha agregado, «se le aplica, una vez más, para encubrir medidas irregulares que tendrán consecuencias negativas en la población nacional, la frase tristemente célebre de que esas medidas 'no son contra el pueblo paraguayo sino contra el Gobierno del Paraguay'».

«Ante estos sucesos, la República del Paraguay evaluará, conforme a sus legítimos derechos e intereses, su continuidad en la Unión de Naciones Suramericanas», amenazan.