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Iruñea

Un litoral arrasado

Hace dos semanas, el Congreso de los Diputados español aprobó con los únicos votos del PP una nueva Ley de Costas que amnistía a las edificaciones que, por la anterior ley, debían ser derrocadas en 2018, y abre la puerta a un nuevo boom inmobiliario en el ya de por sí saturado litoral del Estado español.

Hotel de Algarrobico (Almería), símbolo de la destrucción del litoral. (GREENPEACE)
Hotel de Algarrobico (Almería), símbolo de la destrucción del litoral. (GREENPEACE)

No todo son recortes y reformas económicas en el Gobierno español del PP. Como ya ha dejado en evidencia la polémica reforma del aborto, pese a las llamadas a concentrarse en la salida de la crisis, Mariano Rajoy no renuncia a una agenda ideológica propia de la derecha. Otro ejemplo, que ha pasado más desapercibido, es la nueva Ley de Costas, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de mayo, con los únicos votos a favor del PP y la oposición del resto, excepto CiU, que prefirió abstenerse.

Una ley que no venía incluida en el programa electoral del PP y que ha puesto en pie de guerra a las organizaciones ecologistas, como se pudo ver en la acción de Greenpeace en el Congreso. Estas organizaciones ven en esta ley dos grandes elementos a destacar. Por un lado, la amnistía que supone para las edificaciones que violan la ley anterior –de 1988– y que debían ser derrocadas en 2018. El mismo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dio las cifras: 1.300 industrias –entre ellas grandes contaminantes del medio marino, como papeleras– y más de 25.000 viviendas habrían sido derrocadas sin la nueva ley. Suena duro, pero cabe recordar que todas estas edificaciones violaban la ley. Ahora tendrán 75 años más para seguir en pie.

Pero no solo supone una amnistía para ilegalidades del pasado, sino que, como denuncian los grupos ecologistas en segundo término, la nueva legislación abre la puerta a una nueva invasión de cemento en las costas, ya que en algunos núcleos la zona de servidumbre –la franja de protección del litoral– se rebaja de 100 a 20 metros. El Gobierno asegura que no se autorizarán nuevas construcciones, pero el hecho es que, legalmente, la nueva ley abre la puerta a esta opción.

También hay novedades en los deslindes –la línea que delimita las zonas públicas y privadas de la costa–, en favor de la propiedad privada en la mayoría de los casos. El caso más extremo es el de Formentera, que a través de un deslinde «de carácter excepcional» –así lo indica la ley–, convierte el 90% de la isla en terreno de uso privado. Así lo denuncian las plataformas ecologistas, pese a la negación del Gobierno.

Sin noticias del medio ambiente

Otro de los elementos que llaman la atención de la nueva legislación son los referentes a la protección explícita del medio ambiente y el de la adecuación de las políticas al cambio climático. En una decisión insólita, el Gobierno se da dos años para adaptar la costa a los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar o la regresión de la costa. Es decir, la ley se ha elaborado sin estudios previos en este ámbito, pese a que los estudios de organismos como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) son ya ampliamente conocidos y aceptados, y obligarían a modificar parte de la nueva ley.

En un limbo parecido queda la construcción de superestructuras como el hotel de 14 plantas de la playa del Algaborrico (Almería). Pese a que el Gobierno español ha incluido una cláusula a la que precisamente ha bautizado como ‘anti-Algarrobicos’ –según la cual el Gobierno puede suspender planes urbanísticos aprobados por los Ayuntamientos–, los grupos ecologistas denuncian que con la nueva Ley de Costas no será necesario obtener el permiso para declarar una zona urbanizable, ya que bastará con presentar la solicitud. Si la Administración no da respuesta, se dará por concedido el permiso.