El pasado 21 de junio, GARA y NAIZ informaron de que según documentación que obraba en su poder, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó la detención de Urtza Alkorta a la «Dirección General de la Policía y Guardia Civil». Días más tarde, la Ertzaintza llamó por teléfono a la Audiencia Nacional, anunciando que le constaba que Alkorta iba a sumarse al muro popular en Ondarroa y que procedería a su arresto si antes no se presentaba voluntariamente en comisaría.
El 15 de mayo, la Policía Autonómica hizo efectivo el arresto en el puente de Ondarroa, en una operación que movilizó a cientos de agentes y que el propio lehendakari consideró como un «despilfarro».
Al conocer que la Audiencia Nacional había ordenado la detención a las FSE y que la Ertzaintza se había sumado por propia voluntad a la operación, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga preguntó a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia por las razones de esta actuación.
En su respuesta, la consejera reconoce que no tenían un oficio directo para la detención, pero que, al haber sabido del requerimiento a través de las bases de datos que comparten las policías, la Ertzaintza se veía obligada a intervenir.
La contestación textual remitida al Parlamento es que «el carácter de policía integral de la Ertzaintza y sus competencias en el ámbito territorial de la C.A. de Euskadi, le habilita y compromete a proceder, como en el caso de la detención de Urtza Alkorta, tras la aparición del requerimiento correspondiente en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales, independientemente de que paralelamente se oficie directamente a otros cuerpos policiales».
La Base de Datos de Señalamientos Nacionales, creado en 1995, incluye datos de reclamaciones judiciales estatales e internacionales y medidas de seguridad como la prohibición de salir del Estado español.
La llamada telefónica
Después de que el 6 de mayo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara a la Policía y a la Guardia Civil la detención de Urtza Alkorta, el 10 de mayo una secretaria judicial del Servicio Común de Ejecutorías hace constar la llamada de la Ertzaintza anunciando su presencia pública y la intención de arrestarla.
Una obligación
Julen Arzuaga también preguntó a la consejera de Seguridad «¿por qué y siguiendo qué criterios político-policiales decidió la Ertzaintza ofrecerse para llevar a cabo este cometido».
Además de sobre las cuestiones relacionadas con su reciente detención por parte de la Ertzaintza, EH Bildu ha solicitado también al Departamento de Seguridad nuevas explicaciones sobre el borrado de los vídeos de los interrogatorios a los que Urtza Alkorta fue sometida durante su detención entre enero y febrero de 2010, cuando denunció haber sufrido malos tratos. La juez solicitó dichos vídeos y el Departamento respondió que se habían borrado, pero EH Bildu entiende que habiendo ya denuncias interpuestas en relación a esos interrogatorios, las grabaciones nunca tuvieron que haber sido destruidas como hizo la Consejería de Rodolfo Ares.
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