La empresa pública española Navantia está construyendo cuatro submarinos del programa S-80, y analizando el que va más avanzado de todos ellos, se han dado cuenta de que tiene sobrepeso. Exactamente 75 toneladas de sobrepeso que garantizan que va a poder sumergirse en cuanto quiera, pero que hacen dudar de que pueda volver a emerger cuando sea necesario.

En su comparecencia ante la comisión pertinente del Congreso, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, solventó la cuestión diciendo a sus señorías que en el programa S-80, ocho años después de iniciar su construcción, «Navantia, la empresa contratista (pública), ha identificado una serie de problemas técnicos relacionados con el sistema de propulsión y el balance de pesos, que originan un retraso adicional del programa. En la actualidad se está llevando a cabo una revisión del programa con la incorporación de una asistencia técnica que evalúa su desarrollo. En virtud de las conclusiones de este estudio, se tomará más adelante la decisión sobre la configuración final del programa».

Los «problemas técnicos», que la versión oficial pretende dar como normales en este tipo de construcciones, son que al irle introduciendo los diferentes elementos necesarios, resulta que el submarino pesa 75 toneladas de más.

La incorporación de una «asistencia técnica» para «revisar el programa» se traduce en la contratación de la empresa estadounidense Electric Boat, para ver si hay que poner a dieta al submarino o elevar su talla, para que el índice de masa corporal le permita nadar y no solo bucear. El coste de este asesoramiento técnico es de unos 14 millones de euros.

Y la solución que finalmente se ha planteado es alargar el submarino entre 5 y 7 metros, con respecto a los 71 de los planos originales. Esto, claro está, obliga a replantear toda la ingeniería del buque.

Pero hay otro detalle de peso, el primero de los submarinos está ya construido en un 70%. Así que, de momento, las innovaciones se irán introduciendo en el segundo, que solo va por la mitad. Todo esto provocará un retraso de dos años en el programa y un coste añadido de otros 800 millones. Pese a todo, Defensa insiste en que mantendrá el techo inicial de 2.135 millones de euros, aunque es evidente que también en este apartado habrá un sobrepeso final.