En Donostia la violencia -o más exactamente, las violencias- no ha conocido tregua en las últimas décadas. En Euskal Herria pueden reconocerse otras localidades más golpeadas por ella, pero de cara al exterior probablemente sea la referencia más desgraciada. Tras el golpe de Estado de 1936 se calculan cerca de 400 fusilados. En 1961, un atentado del DRIL mataba a la niña Begoña Urroz, de 22 meses. Cuatro antes antes, el yate ``Azor'' de Franco había provocado cinco muertes en la bahía. Unos meses antes de morir el dictador, el inspector de policía José Díaz Linares era abatido a tiros en Donostia: en las tres siguientes décadas, ETA atentaría muchas veces en la ciudad, desde el Boulevard a sociedades de la Parte Vieja o la calle San Martín pasando por casi todos sus barrios. Ha sido también escenario de la mayor brutalidad policial: Intxaurrondo, La Cumbre, Morlans, Iñaki Kijera, Joseba Barandiaran, Rosa Zarra... Y estos son solo algunos apuntes. Esta historia trágica hace más relevante el impulso a la reconciliación y los derechos humanos dado en la actual legislatura. La Conferencia de Aiete de octubre de 2011 o la cita de alcaldes por la paz de todo el mundo hace dos meses son solo los ejemplos más conocidos a través de los medios, pero las iniciativas se cuentan por decenas.

Desde el Ayuntamiento explican que en realidad ya existía una infraestructura importante para este trabajo, que ahora se ha optimizado. Es el caso de la Casa de la Paz de Aiete, que tomó ese nombre en 2010 -con Odón Elorza (PSE) como alcalde-, pero es con Juan Karlos Izagirre (Bildu) cuando se ha puesto a pleno rendimiento. En un edificio tremendamente emblemático, durante tantos años símbolo de la violencia del franquismo, trabajan hoy de modo permanente el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Observatorio Internacional para el Derecho a la Paz, Euskal Fondoa y Globernance (Instituto de Gobernanza Democrática).

El cambio de gobierno en 2011 trajo enseguida gestos cargados de futuro, como el baile de San Juan que unió a concejales de todos los grupos en la Plaza de la Constitución o el brindis de Aste Nagusia de aquel año, también conjunto. Izagirre apunta sobre esto último que «me llamó la atención que lo que en la calle se vivió como un buen gesto de normalización desde Madrid se viera como algo escandaloso». Cree que «se ha avanzado» y a la vez «queda mucho por hacer. La sociedad nos está demandado que avancemos, y los ayuntamientos podemos hacer muchas cosas, aportar mucho a la construcción de la paz, sin esperar a decisiones que se toman en otros ámbitos».

De Euskal Herria a todo el mundo

En este camino el equipo de gobierno trabaja también en colaboración con entidades que operan en el ámbito de los derechos humanos. El pasado 10 de diciembre, en el Día Internacional, en Aiete se reunieron diecisiete asociaciones diferentes, de SOS Racismo a Lokarri, de Harrera a la Coordinadora de ONGD de Gipuzkoa. Otras declinaron la invitación, pero por ejemplo Covite envió unas imágenes que fueron proyectadas en el montaje fotográfico que acompañó a la lectura de la Declaración Universal.

Aiete, antes palacio franquista, ejerce como motor, con la referencialidad que le dio la Conferencia Internacional de 2011. Hoy está abierta allí una exposición sobre René Cassin, el jurista de Baiona clave en la plasmación de la Declaración. Antes acogió otra sobre la cárcel de Ondarreta, recuperando la historia poco conocida pero muy trágica de ese penal entre 1890 y 1948.

La oficina de Derechos Humanos del Consistorio amplía el foco y destaca que sus líneas estratégicas de trabajo son cuatro: pacificación y normalización política en Euskal Herria, memoria histórica, impulso a procesos de paz en otros puntos del mundo y programas de educación y sensibilización sobre derechos humanos. La labor hecha en estos dos últimos bloques es menos conocida. En el caso internacional, se han promovido sesiones sobre Siria y Libia, iniciativas sobre Palestina como jornadas de solidaridad o la recepción al velero ``Estelle'' que intentaba romper el bloqueo de Gaza, y varias relativas al Sáhara, entre las que sobresale la implicación municipal junto a Aranzadi y otros agentes en la recuperación e identificación de los restos de ocho desaparecidos, que constató que habían sido ejecutados y enterrados en una fosa común en 1976.

Los Oroimen Egunak se han convertido en otra seña destacada de esta política. Reivindican en jornadas concretas los derechos humanos para el pueblo gitano; las personas transexuales, bisexuales, lesbianas, gays y otras minorías (queer); la infancia; la mujer; las personas enfermas de sida... Se incluyen igualmente convenios con asociaciones, ayudas, iniciativas contra prácticas como el tráfico de armas, declaraciones contra guerras en diferentes puntos del planeta, participación en foros de derechos humanos como los de Hiroshima, Nantes y Belfast... y el Festival de Cine y Derechos Humanos, que suma ya once ediciones.

La Comisión Especial

Entre los mecanismos ya existentes a la llegada de Bildu y que ahora han multiplicado su labor está la Comisión Especial de Derechos Humanos del Ayuntamiento. En estos dos años, pese a la rápida deserción del PP y a que en octubre el PSE también la abandonó con una excusa relativa al tratamiento técnico del caso de la redada contra Herrira, se han adoptado múltiples acuerdos.

El propio grupo del PSE se sumó al reclamo del fin de la doctrina de alargamiento de condenas en febrero, junto a Bildu y PNV, lo que convirtió a la capital guipuzcoana en referencia en este terreno dado que en otros municipios el PSE optó por la abstención o el voto en contra ante la misma moción. A las iniciativas por los derechos humanos de los presos se han añadido las declaraciones conta los procesos políticos. Todo ello siempre bajo la mirada inquisitorial del delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, que ha amenazado iniciativas como la ayuda municipal a la asociación asistencial Harrera o el plan municipal de seguimiento a la situación de los presos de Donostia.

La comisión sigue trabajando con Bildu y PNV. Izagirre valora las renuncias de los otros dos grupos a implicarse en la tarea por los derechos humanos: «Lo triste es que lo que sí se hace a nivel privado después no tenga el traslado a la esfera pública, y que se actúe de modo diferente de puertas para adentro y para afuera. Parece que hay quien recibe órdenes de otras instancias para que esto sea así», lamenta. Pero también está seguro de que las cosas avanzarán: «Es cierto que las heridas están abiertas y hace falta tiempo para que lo que la ciudadanía ve ahora con naturalidad se vea también así en la clase política». Augura que se logrará «gracias a la presión de la sociedad».

Algunas de estas iniciativas destinadas a romper barreras tienen sus riesgos. ¿Cómo se superan los recelos del adversario y también los prejuicios o resistencias del propio entorno? Juan Karlos Izagirre responde con tres palabras: «Empatía, diálogo, cercanía. Tanto con políticos de otras fuerzas como con la ciudadanía en general. Transmitir sinceridad y compromiso. No tener miedo a reconocer el dolor que ha existido en tantas personas y compartir los sentimientos. En general, creo que hay que humanizar la política», concluye.