«El Estado decide atentar contra el derecho a la defensa [de los presos y presas vasca] y nos pone a los abogados en el punto de mira para atacarnos personal y colectivamente». Con estas palabras, describía Ane Ituiño la actitud del Ejecutivo español, del que dijo que utiliza la represión contra las personas que cuestionan el statu quo y también contra quienes les asisten legalmente. Y lo hace, según añadió la letrada, «porque denuncian las vulneraciones de derechos que se dan contra quienes intentan cambiar las cosas». Por ello, para el Gobierno español los abogados son «un testigo incómodo a eliminar. ¿Y cómo eliminan el testigo? Pues, en nuestro caso, diciendo que somos terroristas».

Ituiño, que analizó la pasada semana la criminalización de la abogacía en unas jornadas organizadas en Gasteiz por Salhaketa, Eleak y la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, destacó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al igual que sus predecesores, intenta acabar con unos profesionales que denuncian las vulneraciones de derechos humanos, critican las condenas sustentadas en declaraciones obtenidas bajo tortura y se hacen eco de las precarias condiciones de vida de los presos y presas vascas. Una labor que ha despertado el malestar del Estado, que utiliza a las FSE para acallarles.

A este respecto, recordó que, en los últimos quince años, varios abogados han sido objeto de macroprocesos judiciales, como Karlos Trenor y Txema Matanzas, condenados por el sumario 18/98 y encarcelados en Ocaña II y Puerto III. En el mismo sumario fue imputada Mirian Campos, encarcelada bajo la acusación de presunta relación con el «aparato de relaciones internacionales» de ETA. «Pero solo era una persona que trabajaba fuera y que realizaba labores de defensa fuera de Euskal Herria», subrayó Ituiño.

Relató que el Estado aprovechó la operación contra Gestoras pro-Amnistía -en octubre de 2001- para entrar en varios despachos de abogados. «Se entró en el de nuestros compañeros guipuzcoanos; fue citada a declarar Ainhoa Baglietto y se imputó a Julen Arzuaga, al que se tachó de `terrorista peligroso' porque denunciaba fuera lo que aquí todos conocíamos», manifestó la letrada, que criticó al juez Baltasar Garzón por hacer «caso omiso» ante las quejas.

Esa persecución contra los abogados de represaliados continúo y, en 2009, Aiert Larrate y Julen Larrinaga se sentaron en el banquillo de los acusados por denunciar que la Guardia Civil había torturado a Ibon Meñika. «Aquello fue un esperpento. Al final, Aiert y Julen fueron absueltos pero la juez abrió una causa contra Meñika, que compareció como testigo, por falso testimonio», puntualizó.

Citó también los casos de Iñaki Goioaga, encarcelado durante casi dos años por orden del juez Fernando Grande Marlaska; de Joseba Agudo, que se enteró de su detención mientras escuchaba la radio en su coche; de Haritz Escudero y Haizea Ziluaga, a la que llegaron a agredir en dependencias policiales; de Alfonso Zenon, condenado por `injurias' por informar de que sus clientes habían denunciado que fueron torturados por la Ertzaintza; y de Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi, cuyos arrestos se basaron, según Ituiño, en escuchas ilegales ordenadas por el CNI.

Zulueta y Enparantza, encarcelados en régimen de aislamiento en Estremera y Segovia, vivieron en primera persona la última operación policial el pasado mes de enero, cuando la Guardia Civil detuvo a la mediación externa del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Entre los ocho arrestados también figuraba el abogado José Campo, preso en Alcalá Meco.

Listas negras

La intervención de Ituiño marcó las últimas dos sesiones de unas jornadas organizadas para denunciar la reformas legales diseñadas por el PP «contra los derechos y la resistencia popular». En la cita del lunes también participó la abogada penalista Laia Serra, que analizó la existencia de listas negras en Catalunya, donde los agentes institucionales recopilan información personal de activistas políticos.

El martes, Txerra Bolinaga (Eleak), Carlos Hernández (Salhaketa) y Sara López (Grupo de Acción Comunitaria de Madrid) analizaron las respuestas que se están desarrollando ante la represión gubernamental.