Las personas que comparecieron ayer en un céntrico hotel de Bilbo se presentaron como hombres y mujeres «con ideologías políticas, profesiones o actividades culturales y sociales diferentes». Una carta de presen- tación elocuente y definitoria de lo que se quería transmitir, diversidad. Una característica que para algunos podría parecer obstáculo para alcanzar puntos en común y que desde Sare quisieron poner en valor para reforzar el mensaje de que «por encima de las ideologías o adscripciones políticas está la defensa de los derechos humanos». En este caso, los derechos de los presos y presas vascas.

El músico Kepa Junkera e Idoia Muruaga, compañera de Igor Angulo, preso santurtziarra muerto en 2006 en la cárcel de Cuenca, fueron los encargados de leer un manifiesto en el que se hace un llamamiento a «llenar las calles de Bilbo y Baiona» el sábado que viene.

«No en nuestro nombre»

«Todos y todas nosotras –leyeron– pertenecemos a una sociedad, la vasca, y no deseamos que en nuestro nombre se continúen vulnerando los derechos humanos». «De nadie», añadieron, apostillando que «nos rebelamos ante quienes en nuestro nombre pretenden mantener una política penitenciaria vengativa, que vulnera los derechos de las personas presas y la de sus familiares y allegados».

A los lados de ambos oradores asentían los portavoces de Sare, el exconsejero de Justicia Joseba Azkarraga y la periodista Teresa Toda, subdirectora de “Egin” y expresa por el sumario 18/98. Justo detrás acompañaban la comparecencia la mayoría de las personas que han hecho suyo el manifiesto. Allí estaban por ejemplo Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea, mando de la Ertzaintza muerto en atentado de ETA; Tasio Erkizia, veterano militante de la izquierda abertzale; Nazario Oleaga, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Europa; Edurne Brouard, hija de Santi Brouard, dirigente de la izquierda abertzale muerto por los aparatos del Estado; Tontxu Campos, profesor universitario y exconsejero de Educación; Begoña Errazti, expresidenta de Eusko Alkartasuna; Andoni Txasko, víctima del 3 de marzo; Gorka Espiau, exmiembro de Elkarri; el jurista Juan Daniel Barandiaran; el catedrático Iñaki Lasagabaster y el exalcalde de Getxo y exdirector de EiTB Iñaki Zarroa.

No pudieron acudir a la rueda de prensa pero sí han expresado su apoyo al escrito la juez Garbiñe Biurrun, el montañero Juanito Oiarzabal y el escritor Kirmen Uribe.

Denuncia de la actitud política

Todos ellos consideran que «más de cuatro años después de que ETA decidiese, unilateralmente, poner fin a su actividad violenta, queremos elevar nuestra voz y trasladar al conjunto de la sociedad vasca, pero también a los partidos políticos e instituciones, nuestra denuncia ante una actitud política que incide en la confrontación e impide de esta forma que nuestro pueblo dé pasos hacia una convivencia que nos permita cerrar heridas y dejar a nuestros hijos e hijas una sociedad en la que todos y todas nos podamos mirar a los ojos, sin odio y sin venganza». En este sentido, dicen compartir con Sare «la necesidad de remover los obstáculos que impiden que tras veintisiete años de política de alejamiento y dispersión aplicada sobre el colectivo de presos y presas vascas, el Gobierno español haga caso omiso a la voluntad manifestada en multitud de ocasiones por una inmensa mayoría de la sociedad vasca, exigiendo el fin del sufrimiento y la necesidad de cerrar heridas».

Recuerdan, asimismo, que en los 27 años que dura el alejamiento «sus consecuencias han sido y son muy graves: 16 personas fallecidas y decenas de personas heridas en accidentes de tráfico, y junto a ello las incontables cargas emocionales, psicológicas, económicas, que tienen que soportar familiares y allegados». Destacan también la existencia de doce presos y presas con enfermedades muy graves que siguen en prisión «por decisiones políticas», un hecho que «vulnera el derecho de toda persona a una atención sanitaria adecuada y digna».

En esta línea, indican que «no queremos permanecer en silencio, porque no deseamos que ese silencio pueda entenderse como connivencia con el mantenimiento de una legislación excepcional, que posibilita cadenas perpetuas encubiertas a este colectivo de presas y presos vascos». «Revocar esta legislación excepcional resulta indispensable para ir desmoronando esas pesadas piedras que hay en el camino», apuntan, para concluir que «es hora de cerrar la puerta al sufrimiento y abrirla a la esperanza y la convivencia».