Esta medida se adopta tras la situación creada en el partido por la Operación Taula contra una presunta trama de corrupción y en la que se investiga una presunta financiación ilegal y blanqueo de capitales.

Próximamente se nombrará una junta rectora para tomar el control de la agrupación local, cuyo presidente hasta ahora, Alfonso Novo, está imputado en el llamado caso Imelsa.

Además, decenas de ediles, exconcejales y asesores del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia están declarando ante la Guardia Civil en relación a aportaciones dinerarias realizadas al partido.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ya había advertido de que si se mantenía la gravedad de los hechos y la imputación de Novo tras su declaración ante el juez se podría nombrar una gestora para hacerse el cargo del partido.

Por su parte, desde la dirección estatal del PP se ha puesto de manifiesto el respaldo a las decisiones que tomen los responsables regionales.

«Honradez y honorabilidad»

Frente a estas iniciativas, el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha defendido su absoluta «honradez y honorabilidad» y ha asegurado que no se acusa a sus miembros por el cobro de comisiones ni adjudicaciones fraudulentas.

Los miembros de este grupo han insistido en que no han cometido «jamás ningún acto ilícito» y también en que «no existe ningún tipo de relación o conexión con los hechos por los que se mantiene una investigación abierta relacionada con la empresa Imelsa».

«En todo momento hemos tenido y tenemos total disposición y voluntad de colaborar con la Justicia y con las instituciones del Estado de derecho. A lo largo de nuestra etapa en la gestión de los intereses de la ciudad de Valencia siempre hemos actuado con verdadera vocación de servicio público, y con decidida entrega al trabajo en pro del bienestar de todos los valencianos», han indicado.