Leo Bote y Aitzol Cajaraville, integrantes del comité de empresa de Arcelor Zumarraga, han comparecido en la comisión de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de las Juntas de Gipuzkoa, acompañados de una veintena de operarios de la planta.

Bote ha recordado que está previsto que el comité y la empresa, que ha dado por finalizado el periodo de consultas, se reúnan este jueves en la planta con la intención de la dirección de que se empiece a negociar su plan de acompañamiento social que contempla una ayuda económica para hacer frente «al empeoramiento de condiciones económicas» que supondría los 267 traslados a la planta de Arcelor de Veriña, en Gijón (Asturias); así como una indemnización por traslado e indemnizaciones en caso de extinción voluntaria del contrato de trabajo.

A ello ha añadido que la empresa contempla que otros 50 operarios quedarían pendientes de asignación en plantas, preferiblemente de Euskal Herria, y 24 prejubilaciones parciales.

Bote ha defendido que «hay que hablar sobre la viabilidad de la planta» y «el mantenimiento de toda la plantilla», no únicamente sobre estas medidas, y ha criticado que la gestión de la factoría en los últimos años «no ha sido la adecuada», ya que «la tasa de utilización ha estado por debajo del 50% y no se han acometido inversiones». Además, ha advertido de que las dificultades de la factoría de Zumarraga «pueden hacerse extensivas» a las otras de la compañía en Gipuzkoa.

Por otro lado, ha explicado que la empresa afirma que en torno al 15% de la producción de Zumarraga se llevará a Veriña y ha cuestionado que la empresa«pierda calidades de alto valor añadido» de ese 85% de producción restante, lo que hace sospechar que «posiblemente esa parte de la producción se pase a plantas fuera del Estado».

El presidente del comité de empresa ha criticado que cuando Arcelor Mittal anunció el cese de la actividad productiva en Zumarraga el Gobierno de Lakua y la Diputación de Gipuzkoa hicieron declaraciones «totalmente desafortunadas» al respecto, aunque luego se han «alineado» en la defensa de la planta con los trabajadores. A su juicio, la propuesta de sostenibilidad de Zumarraga planteada inicialmente por las instituciones es «insuficiente» y se queda en «una mera declaración de intenciones», por lo que el comité elaboró sus aportaciones.

En este sentido, ha señalado que «hay un diálogo abierto» por parte de la empresa con las instituciones, «por lo que el periodo de negociación también debería seguir abierto».

«Se están agotando los plazos»

Además, ha opinado que en estos momentos en los que «se están agotando los plazos» es tiempo de que el Gobierno de Lakua y el resto de instituciones den «un paso al frente», porque «ya no vale con el apoyo y las buenas palabras», ante el «chantaje» de Arcelor Mittal según la cual si la parte social no negocia su plan de traslados y acompañamiento «finaliza la negociación».

Los representantes del comité también han censurado que no hayan podido estar presentes en el encuentro que este lunes han mantenido los representantes de las instituciones y la dirección de Arcelor Mittal en Madrid. De este modo, ha emplazado al Ejecutivo de Lakua a mantener «un discurso más claro» frente a este conflicto, porque hasta ahora «su postura ha sido muy ambigua».

«Hay que poner las cartas sobre la mesa y el Gobierno vasco tiene que decir de manera clara y concisa cuál es su postura», ha incidido, para advertir a continuación que con la desaparición de la factoría de Zumarraga «la comarca quedará industrialmente muerta». Cajaraville ha pedido a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, que «se exprese con la misma claridad» que lo hace el comité.

En este contexto, ha denunciado que el Departamento de Trabajo no haya hecho público que la empresa rechazó la presencia de la autoridad laboral en la negociación, «puesto que ello pone de manifiesto su falta de voluntad» y podría ser utilizado en su contra de judializarse este conflicto.

También ha pedido a los partidos políticos dejar a un lado «partidismos» y ha criticado a PSE, PNV y PP por no apoyar la pasada semana en el Pleno de Juntas la iniciativa transaccionada por EH Bildu y Podemos para exigir a la dirección de Arcelor Zumarraga un plan de viabilidad.

El representante de LAB en el comité ha acusado a la empresa de «dejar morir» la planta de Zumarraga una vez que «ha exprimido» a sus trabajadores y las instalaciones. «Ahora nos ha escupido», ha denunciado. Finalmente, ha advertido de que seguirán «luchando» por «muy ingenuo» que sea.

Turno de grupos

Desde el grupo del PNV, su juntero Boris Nogales ha señalado que es «muy importante» actuar «con responsabilidad» y trabajar «a fuego lento», al tiempo que ha apostado por «luchar entre todos» frente a esta situación.

La juntera de EH Bildu Judit Garcia ha criticado que el periodo de negociaciones ha estado «viciado» por una «falta de información evidente» y la «ausencia de la autoridad laboral», lo que evidencia «la falta de buena fe por parte de la empresa». Además, ha exigido que el trabajo de las instituciones sea «lo más eficaz posible».

La procuradora de Podemos Mónica Mora ha trasladado su apoyo a los trabajadores y ha criticado que en el Pleno de Juntas de la pasada semana cuando «hubo una oportunidad para materializar ese apoyo se votara en contra de la iniciativa de EH Bildu y Podemos».

Por su parte, el portavoz del PSE en las Juntas, Eneko Andueza, ha defendido que «es posible el mantenimiento» de la factoría y de todos sus puestos de trabajo.