Las turbulencias políticas que hace un año llevaron a la destitución de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades presupuestarias y a la ascensión al poder de su entonces vicepresidente, Michel Temer, aún no se superan y mantienen la incertidumbre. Temer sustituyó a Rousseff en mayo de 2016, cuando comenzó el proceso de destitución, y luego fue confirmado en el cargo cuando, hace ayer un año, se materializó el «golpe» institucional que le apartó definitivamente del poder.

El nuevo Gobierno impuso una agenda económica neoliberal acorde con lo que exigían mercados y empresarios, recortó a mínimos el gasto público, reformó la legislación laboral y trata de endurecer el acceso a las jubilaciones, entre otras medidas que le costaron un fuerte rechazo social.

Con su popularidad en mínimos históricos del 5%, según recientes encuestas, Temer se apoyó en un Congreso que se volcó en favor de sus reformas, pero se le atravesó la corrupción.

En mayo, ejecutivos de la empresa JBS declararon ante la justicia que sobornaban a Temer desde 2010 y que incluso mantuvieron esas prácticas una vez que asumió el poder, tras lo cual la Fiscalía le acusó de corrupción pasiva y parte de su propia base hubo quien exigió la renuncia de Temer.

Pero éste hizo gala de su férreo control del Parlamento y su base respondió en la Cámara de Diputados, que debe avalar la apertura de un juicio penal contra un gobernante en pleno ejercicio del poder, archivando la denuncia, aunque eso no bastó para aquietar al fiscal general, Rodrigo Janot, que prepara nuevos cargos contra Temer.

Si se confirmase la nueva denuncia, que Janot presentaría casi en vísperas de dejar el cargo, el 18 de setiembre, el asunto deberá pasar de nuevo por la Cámara Baja, donde el poder del oficialismo ha menguado al calor de escándalos que afectan a varios ministros.

En círculos políticos se cree que la base de Temer tiene fuerza para bloquear una nueva denuncia. Pero hay cierto temor al impacto que pueda tener el rechazo a los cargos contra un gobernante impopular, cuando en las elecciones presidenciales y legislativas de 2018 serán renovadas la Cámara baja.

En medio de estas turbulencias, Temer le ha hecho otro guiño a los mercados con un vasto plan de privatizaciones anunciado la semana pasada y que promocionará durante una visita que inició ayer a Pekín, previa a su participación en la cumbre del Brics, que Brasil integra con Rusia, India, China y Sudáfrica.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Luiz Inácio Lula da Silva y encabeza la minoritaria oposición, ha denunciado las políticas de Temer como un «ataque a los derechos» sociales y afirma que las privatizaciones son en realidad un «plan de desmontaje del Estado».

Lula, pese a sus serios problemas judiciales y una condena en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por corrupción, se propone ser candidato a la Presidencia en 2018.

Acto político con Rousseff

Dilma Rousseff, por su parte, ha denunciado siempre que su destitución fue un «golpe» institucional y ayer, un año después de ser apartada de la Presidencia, tenía previsto insistir en esa tesis durante un acto político convocado por parlamentarios del PT en Río de Janeiro, que iba a incluir un debate sobre la situación del país «un año después del golpe».

Suspenden el decreto de explotación minera

La Justicia brasileña suspendió el miércoles la aplicación de un polémico decreto que autorizaba la explotación minera privada en una gigantesca área de la selva amazónica, cuestionando otro de los planes de apertura económica de Michel Temer.

El juez Rolando Spanholo ordenó «suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca)», una zona de 47.000 km2 situada entre los estados de Pará y Amapá. Agumenta que el decreto no fue «precedido de la necesaria autorización del Congreso Nacional», como establece la Constitución, y podría «colocar en riesgo la protección ambiental (…) y la protección de las comunidades indígenas».

Temer reemplazó el martes el decreto que había publicado días antes por otro con mayores precisiones sobre medidas de protección ambiental, ante el aluvión de críticas. Ambientalistas afirman que la extinción de Renca acelerará el avance de la minería privada y la deforestación de áreas de preservación. GARA