Seis días. Es el tiempo que Junts per Catalunya y ERC tienen para lograr un principio de acuerdo que impida que la fractura independentista se visualice en el Parlament. El deadline está marcado para el jueves, día en que el Parlament celebrará su primera sesión plenaria desde que se constituyó el pasado 17 de enero. Aviso: no se trata del pleno de investidura, sino de un pleno ordinario que el president del Parlament, Roger Torrent, convocó ayer ante la amenaza de Ciutadans de forzarlo –tiene una quinta parte de los diputados, por lo que podría hacerlo–.

El pleno arrancará con el debate y votación de una genérica moción de Catalunya en Comú a favor de la soberanía del Parlament, a la que seguirán otras dos mociones presentadas por PSC y Ciudadanos que difícilmente contarán con el apoyo necesario. El interés de la jornada se centrará, sin embargo, en el debate y –sobre todo– la votación de la moción de resolución presentada ayer por Junts per Catalunya en solitario. Es decir, sin el apoyo de la CUP ni de ERC, que ayer criticó la iniciativa.

La propuesta de resolución recuerda la «inviolabilidad e inmunidad parlamentaria» de los diputados del Parlament, denuncia la aplicación del 155 y la «deriva autoritaria del Estado español», y proclama «su voluntad y su compromiso de restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya». «El pleno del Parlament dispone de la mayoría parlamentaria para ratificar la confianza a Carles Puigdemont i Casamajó como president de la Generalitat de Catalunya», remata el escrito registrado ayer.

Negociaciones atascadas

La mera presentación de la moción en solitario muestra que las negociaciones entre JxCat y ERC siguen encalladas a pesar de las filtraciones de parte que a lo largo de esta semana, acabada la ronda de declaraciones ante el Tribunal Supremo, auguraban que el acuerdo estaba a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que, aunque las líneas generales del pacto están diseñadas y consensuadas desde hace tiempo –un reconocimiento a Puigdemont como president en el exilio y una investidura de un president efectivo en Catalunya–, hay al menos tres aspectos que generan grandes controversias.

Por un lado, el papel del propio Puigdemont más allá de la investidura simbólica. Conscientes del riesgo de caer rápidamente en el olvido del día a día de la gestión autonómica, JxCat quiere asegurar para él áreas de decisión como la actividad exterior o el diseño de los presupuestos. El objetivo es que su figura no sea meramente simbólica, algo para lo que han propuesto un cambio en la Ley de Presidencia.

La iniciativa choca con aquellos que, en ERC y PDeCAT, alegan que un esquema así sería rápidamente desmantelado por un Estado español que sigue confirmando día a día que Puigdemont es su principal obsesión. El jueves lo hizo la Policía española identificando en Madrid al humorista Joaquín Reyes cuando grababa un sketch caracterizado como el president exiliado, y ayer lo hizo la Guardia Civil registrando el avión de Pep Guardiola, no fuese a ser que Puigdemont viajase de incógnito. Por cierto, un Guardiola al que la Federación inglesa abrió ayer un expediente por el lazo amarillo que lleva en solidaridad con los presos políticos.

El segundo punto de fricción es la elección del president efectivo en Catalunya. JxCat juega con la idea de proponer al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y mantener así la tensión con un Estado que difícilmente le permitirá ejercer la presidencia desde la cárcel de Soto del Real. Otra opción es Jordi Turull, en libertad provisional, si bien ERC se guarda la baza de proponer a Junqueras. Si el objetivo es restituir al Govern legítimo, el segundo de a bordo era el líder de ERC, ahora en Estremera. La jefa de campaña de JxCat, Elsa Artadi, sigue estando en las apuestas, pero como opción C después de que los líderes ahora imputados sean inhabilitados por el Supremo –algo que las previsiones más aceleradas dicen que podría ocurrir en abril–.

En tercer lugar, la composición del Govern también es campo de batalla. En especial las consellerias de Presidencia, que ambos partidos aspiran a encabezar, y la de Interior, que ninguno de los dos quiere asumir.

Mientras, el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat publicó ayer su primera encuesta tras las elecciones y, aunque augura que el independentismo mantendría –o incluso ampliaría– su mayoría en unos nuevos comicios, apunta hacia un desencanto de la base soberanista. Solo un 19% apuesta por una vía unilateral, mientras que el 35,9% prefiere buscar acuerdos con el Gobierno español. Solo un 40,8% apostó por un Estado independiente, mientras que el 53,9% se mostró en contra. Es la distancia más amplia entre ambas respuestas desde que el CEO empezó a hacer esta pregunta, en diciembre de 2014.

Lamela deja en libertad a Trapero mientras los CDR entran en acción

La ronda de declaraciones judiciales de cargos públicos catalanes ante tribunales españoles concluyó ayer con la comparecencia del exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ante la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela. Lo dejó en libertad con las mismas medidas cautelares con las que ya estaba tras declarar por primera vez el 16 de octubre. Es decir, sin pasaporte.

Mientras en Madrid Trapero declaraba, en Barcelona decenas de personas participaron en una acción sorpresa de los Comités de Defensa de la República, que ayer decidieron pasar a la acción con una primera iniciativa que consistió en encadenarse ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para protestar contra el macrosumario que el juez Pablo Llarena está armando en el Tribunal Supremo contra el independentismo. 14 personas fueron detenidas por los Mossos en el desalojo y al cierre de esta edición algunas todavía estaban en la comisaría de la Policía catalana en el barrio de Les Corts, ante cuyas puertas se concentraron decenas de personas durante toda la jornada.

Por último, el president del Parlament, Roger Torrent coincidió ayer con el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, en un acto del Colegio de Abogados de Barcelona, en el que escuchó las críticas de numerosos abogados y del propio Torrent: «Se están vulnerando los derechos políticos de los diputados presos».B.Z.