En estos momentos es difícil imaginar que la agresión del Estado contra Catalunya pueda evolucionar satisfactoriamente como para que a corto o medio plazo el PNV entre a negociar los PGE. Sin embargo, si las circunstancias cambiaran o los jeltzales rebajaran sus principios, el 1,5% de subida de los 70.000 trabajadores de la Administración autonómica amenazados por Madrid con un recurso pasaría a ser objeto de intercambio. Y si hubiera acuerdo, el PNV lo vendería como un logro, lo que ya ha venido haciendo en sus últimos acuerdos presupuestarios.

Al Gobierno español le resulta un recurso eficaz quitar a la CAV lo que le corresponde, para después mercadear con su devolución y obtener beneficio al final de la operación.

Es la ventaja de tener la sartén por el mango. En realidad, toda la cocina es suya. Y los elementos alquilados a las comunidades autonómicas están sometidos a incumplimientos de los contratos –desde el Estatuto hasta posteriores pactos políticos y presupuestarios–, el cambio de las reglas –abuso de la legislación básica– y la compra del árbitro –TC elegido por cuotas políticas–.

El Gobierno español amenaza ahora al PNV con responsabilizarle de que 70.000 trabajadores no tengan su subida de salario si no le ayuda en la aprobación de los PGE, porque la legislación asumida por los jeltzales permite a Madrid hacer prácticamente lo que le dé la gana. Un abuso aceptado cada vez que ha vuelto a renegociar lo antes acordado e incumplido.