La campaña electoral para el Congreso y el Senado arrancó ayer sin que el PNV pudiera ondear una de sus banderas preferidas: la eficacia en «traer logros a Euskadi». Las cuatro transferencias de las fáciles que los jeltzales vendieron ya como conquistadas la pasada semana van a tener que esperar. Pese a las intensas negociaciones de horas y horas a través de videoconferencia, los gobiernos e Madrid y Lakua cerraron la jornada de ayer sin acuerdo y las discrepancias son de fondo.

El objetivo reconocido por parte del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, era alcanzar un acuerdo ayer «para no estar sometidos a los dictados de las agendas (electorales) de otras personas», aunque su Gobierno «no está en campaña electoral».

Pero cuando algunos de los primeros mítines de la tarde-noche de ayer ya habían comenzado, desde el Ejecutivo autonómico anunciaban que ambos gobiernos daban por «concluido el intenso día de hoy sin acuerdo, todavía, en las negociaciones técnicas».

Discrepancias de fondo

Según la comunicación remitida a los medios, «los textos jurídicos de las cuatro materias están prácticamente acordados, a falta de algún fleco menor». Las competencias son las referidas a la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, actuaciones sobre jubilaciones derivadas de procedimientos de EREs, seguro escolar y 77,5 km de la AP-68.

Lakua sostiene que «la discrepancia se centra en la valoración económica que presenta el Ministerio de Hacienda sobre algunas de las transferencias». Y asegura que «es una discrepancia de fondo que afecta al modelo de relación pactado en el Concierto Económico».

En opinión del Gobierno autonómico, «este modelo concertado se ha aplicado históricamente, con éxito, en todos los procesos de negociación de transferencias. Es objetivo y se ha demostrado eficaz y justo para ambas partes».

El Ejecutivo de Urkullu asegura que seguirá negociando hasta cerrar un acuerdo. Hasta el 28 de abril el Gobierno español sigue con todas sus funciones, pero la campaña electoral no parece buen momento para este tipo de negociaciones.

Urgencias jeltzales

Las cuatro transferencias que están en discusión son la mitad de las competencias entendidas como «sencillas» y que, según el calendario remitido por Madrid en enero, deberían haber estado firmadas en marzo. Pero el mes pasó sin avances.

Al principio, desde Lakua se justificaba a Pedro Sánchez diciendo que había voluntad política para consumar las transferencias, pero que los técnicos de los ministerios tienen tics centralistas y suelen ser muy puntillosos al negociar la valoración económica de los traspasos.

Los días pasaban y la campaña electoral se acercaba, al igual que la reunión de la Diputación Permanente en la que debían convalidarse seis decretos-ley del Gobierno de Sánchez. Y el PNV empezó a apretar. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, declaraba que no hacía falta tanto tiempo para consumar las transferencias. Y el Ejecutivo de Lakua filtraba que el lehendakari, Iñigo Urkullu, había remitido una carta a la Moncloa.

El miércoles pasado, después de que el PNV apoyara los decretos, como estaba previsto desde un principio, el Ministerio de Administración Territorial hacía pública ya de noche una nota anunciando que convocaría una reunión de la Comisión Mixta de Traspasos entre la Administración General del Estado y la de la CAV para esta semana, tras culminar las valoraciones de las diversas materias que han sido objeto de tratamiento en los meses transcurridos de 2019.

Esta nota del Ministerio que dirige Meritxell Batet era la exigencia que los jeltzales habían hecho para poder vender como un éxito su estrategia negociadora en Madrid. El PNV logró su botín, pero el saco estaba agujereado.