De los 150 trabajadores despedidos de La Naval con derecho a recolocarse en los astilleros de Navantia, 36 se incorporarán a sus nuevos puestos de trabajo el 15 de junio, según informaron a la agencia Efe fuentes sindicales después de la reunión que mantuvo ayer en Madrid la comisión de seguimiento del acuerdo de garantías de la privatización del astillero de Sestao, de la que forman parte UGT y CCOO.

En ese encuentro también se comunicó a los representantes sindicales que el resto de afectados tienen hasta el 31 de diciembre para solicitar que se haga efectiva la incorporación.

Las mismas fuentes señalaron que los trabajadores despedidos de La Naval mantendrán sus condiciones sociolaborales y desempeñarán en «sus puntos de destino» el mismo trabajo que realizaban hasta el cierre del astillero de Ezkerraldea.

Además, en caso de que La Naval reabra con un nuevo proyecto y el inversor quiera contar con los antiguos trabajadores, los que quieran volver a Sestao podrían solicitar «una excedencia» para regresar.

Para los citados sindicatos la reunión con la Sepi resultó «bastante bien» porque se ha logrado que los trabajadores mantengan «las mismas» condiciones económicas que tenían en La Naval, aunque no han conseguido otras peticiones como la prórroga de las garantías en su totalidad, lo que supondría incluir las prejubilaciones.

Por su parte, los trabajadores llevaron a cabo una asamblea el lunes en la que acordaron acudir a la manifestación que se celebrará hoy en Bilbo con motivo del Primero de Mayo y volver a reunirse mañana para conocer de primera mano cómo se desarrolló la reunión con la Sepi.

Participación pública

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se presenta a sí misma como «un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno (español) para el sector público empresarial». Ya de entrada, esta definición contrasta con la insiste negativa de los ejecutivos de Madrid y de Lakua a implicarse directamente en la gestión de La Naval, actitud que justifican en las normas de la UE que impiden las «ayudas de Estado» a empresas en dificultades, ya que se entiende que resultarían favorecidas con respecto a sus competidoras. Además, se escudan en que no aparecen inversores privados interesados en entrar como socios capitalistas.

Pero desde el comité de empresa de La Naval se insiste en que no hay impedimento legal para que los gobiernos pasen a ser propietarios de la compañía.

De hecho, el Grupo Sepi engloba a quince empresas «participadas de forma directa y mayoritaria» por esta sociedad, que también tiene «participaciones directas minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades», tal como se recoge en su propia página web.

El Grupo Navantia es una de las quince empresas participadas de forma mayoritaria; en este caso, al 100%. Está dedicada a la construcción naval, civil y militar, lo que compagina con sectores complementarios, como el eólico marino (offshore).

Cuenta con tres centros de producción: en la Ría de Ferrol, la Bahía de Cádiz y Cartagena, mientras que las oficinas centrales están ubicadas en Madrid.

Precisamente, Astilleros de Cádiz, que entonces era una empresa pública, se fusionó en 1969 con La Naval y con el Euskalduna bilbaino para conformar Astilleros Españoles (AESA). En 1978, cuando ya se deja notar la crisis del sector a nivel mundial, el Estado se queda como único propietario de AESA.

Cierran Euskalduna a finales de los 80, mientras que La Naval pasa por distintas recomposiciones empresariales hasta que en 2006 la Sepi adjudica su venta a Construcciones Navales del Norte. Los dos últimos accionistas de esta sociedad limitada han sido dos empresas vascas: Ingeteam y Astilleros Murueta.

Mientras el astillero de Sestao pasa a manos privadas como resultado del «proceso de escisión» de Izar, en 2005 surge Navantia como nueva marca de empresa pública estatal, «teniendo como objetivo fundamental mejorar su eficiencia empresarial».