La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha declarado «el estado de excepción en todos los territorios indígenas (...) ante la brutalidad y la falta de conciencia de la fuerza pública» para comprender la protesta de las comunidades en contra de las medidas económicas pactadas por el presidente Lenín Moreno con el FMI.

Ha advertido de que aplicará el sistema de justicia indígena a «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas» y ha denunciado la «insistencia» del Gobierno en «avanzar sobre nuestros territorios con la explotación de minería, petróleo y bienes de la naturaleza, destruyendo entornos de vida y respaldando con fuerzas militares la presencia de las empresas». Ha denunciado de la llegada de un «fuerte contingente» militar a ciertas zonas indígenas.

El estado de excepción lo declaran en ejercicio de su «derecho de autodeterminación» y de su «autoridad» para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades, reconocida en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la Constitución de la República.

«Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a justicia indígena», subraya el comunicado del consejo de Gobierno de la organización indígena.

El presidente de CONAIE, Jaime Vargas, ha remarcado que se trata de una movilización «nacional indefinida».

Entre las medidas decretadas por el presidente Moreno destacan la eliminación de los subsidios a los combustibles conforme al acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa eliminación ha provocado una subida de entre 1,85 y 2,30 dólares en el precio de la gasolina «extra» y de entre 1,03 y 2,27 en el carburante diésel premium.

Esta supresión del subsidio al combustible «afecta al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deteriora las condiciones de vida y existencia de los sectores populares más vulnerables del país».