Como explica el Ararteko Manuel Lezertua «la solidaridad con las personas que huyen de conflictos bélicos y de la persecución constituye el elemento de cohesión imprescindible en la construcción de una sociedad justa y solidaria». El derecho de asilo forma parte del acervo jurídico internacional desde hace varias décadas.

El amplio informe de 218 páginas y 31 recomendaciones analiza el papel en «la acogida y protección de las personas solicitantes de protección internacional, cuáles son las competencias legales atribuidas, las políticas públicas desarrolladas y si estas cumplen los estándares de condiciones de acogida de las personas refugiadas; la contribución de las administraciones públicas vascas al sistema de acogida general, así como experiencias y buenas prácticas que pudieran estar produciéndose o que resultaran recomendables, haciendo referencia específica a las iniciativas de solidaridad promovidas por la sociedad civil».  

Huyen para sobrevivir

Entre las conclusiones de esta investigación se recuerda que «las personas refugiadas son titulares de derechos como la sanidad, la vivienda, la educación o el acceso al mercado de trabajo» y en el caso de la CAV añaden que «la mayoría de personas refugiadas llegan sin mediar ningún acuerdo entre Estados por la vía ordinaria. Las personas deciden huir para sobrevivir y lo hacen en coche, camión, avión, barco, patera...» y afirma que «las llegadas por esta vía son considerablemente mayores que a través de los acuerdos de reubicación y reasentamiento de la UE, lo que puede provocar la percepción errónea de que en la CAV no hay personas refugiadas porque el Estado español no ha cumplido con sus compromisos al respecto».

En la investigación de Sofía Lucas Areizaga, Simona Sobotovicova y Casilda Zarauz Goyoaga se insiste en que «se hace imprescindible proporcionar una acogida acorde con las necesidades de las personas refugiadas y fortalecer e incrementar los mecanismos de coordinación e información entre el Estado español, las comunidades autónomas y los municipios».   

Pero también demandan que se utilicen «otras vías legales y seguras de entrada posibles», como los visados humanitarios o la solicitud de protección internacional desde el exterior, que «dependen de la voluntad política de los Estados», ante el colapso del actual modelo.

En este caso, critican directamente a la UE  que «ha pasado de tratar de dar una respuesta responsable, solidaria y digna hacia la llegada de las personas refugiadas» a dejar la responsabilidad de gestionar los flujos migratorios «en manos de terceros países del otro lado del Mediterráneo». A esta situación se añade que varios estados miembros de la UE «siguen adoptando las medidas en dirección contraria a las propuestas de garantizar y respetar la protección de las personas refugiadas».

En cuanto al Estado español, el informe de investigación confirma la falta de la transposición de la normativa europea y el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo. que establece un elenco de derechos y obligaciones.  

Sobre la CAV, a pesar de que el otorgamiento del estatuto de protección internacional es competencia exclusiva del Estado español, muestran que tiene competencias que afectan directamente a la acogida de personas refugiadas: la salud, la vivienda, la educación y el aprendizaje del idioma, el empleo, las políticas sociales y la asistencia social.

Para las autoras de la investigación, la Ley Vasca de Vivienda  es «un instrumento potencialmente adecuado», pero se plantean la importancia de explorar otros tipos de acogida siguiendo el ejemplo italiano de la organización Benvenuti Rifugiati, que puso en marcha un programa de familias de acogida para las personas refugiadas.

Y entre otras medidas incluyen «la necesidad de flexibilizar los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas como la RGI o la PCV, o las distintas ayudas económicas gestionadas por los municipios».

Vías de entrada seguras

Ante la falta de transposición al ordenamiento jurídico español de la integridad de las directivas europeas y la ausencia de un desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Asilo, «la prioridad debe centrarse e -a juicio de las autoras– en la concesión de visados humanitarios como vía de entrada legal y segura, la elaboración de un protocolo de actuación y coordinación de las diferentes administraciones públicas y entidades sociales responsables de la acogida de las personas refugiadas, que tengan en cuenta los programas de reasentamiento y de reubicación».

Para evitar el colapso en la Oficina de Asilo y Refugio «se debe reforzar con medios personales». De hecho, una propuesta para ello sería estudiar la posibilidad de la «desconcentración territorial» en la admisión a trámite de las solicitudes de protección internacional.

Garantizar el alojamiento desde la fase cero es fundamental, «antes de que las personas puedan formalizar la solicitud de protección internacional.