En 2022 podrían iniciarse los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que se podrían prolongar entre ocho y diez años, después de que Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radioactivos, haya solicitado autorización para la primera fase de desmontaje al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La previsión de Enresa, que ha calculado el coste total de dicha operación en 468 millones de euros, es que la autorización de dicho Ministerio para esta primera etapa sea «efectiva» en 2022 y se prolongue durante tres años, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como los dictámenes e informes que correspondan, incluyendo la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.

La ejecución material de la primera fase del desmantelamiento incluirá la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, además del desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como espacio auxiliar de desmantelamiento.

Esta última área se empleará durante la segunda fase, en la que se desmantelará el reactor, así como el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios para, al final, concluir con «la restauración ambiental del emplazamiento».

Según el comunicado emitido por Enresa, en las próximas semanas se procederá a la caracterización radiológica del edificio de turbina, la eliminación de riesgos convencionales, la descontaminación de sistemas y la adaptación de las instalaciones auxiliares, así como la carga de los primeros cinco contenedores de combustible gastado y su traslado al ATI.

Garoña fue inaugurada en 1971, paralizó su actividad de generación de electricidad en diciembre de 2012 y vio denegada definitivamente la renovación de su autorización de explotación en agosto de 2017, fecha en la que el Ministerio español de Energía, Turismo y Agenda Digital decretó su cierre definitivo, aceptado por Nuclenor, titular de la central nuclear.

Durante las últimas décadas, la exigencia de cierre de dicha instalación ha sido una constante por parte de numerosos movimientos ciudadanos, partidos políticos y grupos ecologistas, llevando a cabo manifestaciones, propuestas en tal sentido en las diferentes instituciones y llamativos actos de protesta.

Los trabajos de desmantelamiento que se prevén iniciar en 2022 podrían descubrir nuevos casos de vertidos, como el que se detectó en junio de 2017, si bien el peligro radiactivo de esta central nuclear seguirá latente durante décadas.