La comisión especial del Parlamento de Bolivia que investiga los casos de Sacaba y Senkata recomendó este lunes, en su informe final, iniciar dos juicios de responsabilidades contra la presidenta interina, Jaenine Áñez, y miembros de su gabinete por las masacres de manifestantes tras el golpe de 2019.

En el caso de los sucesos en Sacaba, en El Alto, donde murieron al menos 36 personas, «se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jaenine Añez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictiva», ha detallado el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Víctor Borda.

La segunda causa está relacionada con la firma del decreto 4078 el 14 de noviembre de 2019, un día después de que Áñez jurara el cargo, cuando las protestas se sucedían a lo largo de todo el país.

En concreto, el artículo 3 de esta medida eximía de responsabilidad a los militares, por lo que se acusa a Áñez de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Por esta causa, además de la presidenta interina, se enjuiciará a todos los ministros que firmaron el decreto, once en total.

Además, Borda ha señalado que se plantea un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por los delitos de genocidio y asesinato, entre otros, así como contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante del Ejercito Williams Kaliman por los mismos delitos.

El documento emitido por la comisión especial del Parlamento se derivará ahora a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se decidirá si se aprueba o rechaza.

Tras conocerse la decisión de la comisión especial, Áñez ha escrito en su cuenta de Twitter que «el MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el Gobierno de la mayoría. Además, es el Gobierno ajustado a ley y es el Gobierno que respeta la libertad».