La Corte de Apelación de París ha analizado hoy la cuarta orden de entrega presentada por la Audiencia Nacional española contra la presa vasca Iratxe Sorzabal. El tribunal dará a conocer su decisión el 16 de diciembre.

Con todo, y tras la aceptación de las tres euroórdenes presentadas de forma precedente por las autoridades españolas, el hecho a destacar es que el nuevo abogado general de la Corte de Apelación ha marcado una posición propia.

Efectivamente, el fiscal ha dado credibilidad a los distintos informes que respaldan la denuncia de torturas presentada por la presa de Irun tras su detención en 2001, en Hernani, por la Guardia Civil. En particular ha dado valor al informe presentado por la doctora Itsaso Idoiaga durante el juicio y a la prueba pericial realizado por un forense francés en base al Protocolo de Estambul.

En la audiencia se han cuestionado tanto las declaraciones en periodo de incomunicación como «la falta de solidez» de la documentación remitida por Madrid cuando se le ha requerido a que certifique que dispone de otras pruebas contra Sorzabal que no sean su declaración autoinculpatoria en periodo de incomunicación.

Por ello, el fiscal ha pedido rechazar la euroorden, una posición que la abogada de Sorzabal ha saludado.

No obstante, la abogada Xantiana Cachenaut, que ha estado apoyada en la vista de hoy por el exmagistrado de la Corte de Versalles Serge Portelli, y por el letrado de Estrasburgo y experto en derechos humanos Grégory Thuan dit Dieudonné, ha insistido, como hiciera ya en otros procesos en casación aunque sin obtener respuesta favorable, en la petición de que se traslade al Tribunal de Luxemburgo la solicitud de que fije un criterio general.

Concretamente se pediría al Tribunal de Justicia eupeo que establezca qué actitud debe seguir un Estado, en este caso Francia, al recibir una orden de entrega basada, como sostiene la defenda de Sorzabal, en una denuncia de torturas y por tanto en una eventual violación de derechos humanos.

Si la corte gala aceptara elevar esa petición, se podría disponer de un criterio que, a juicio de la defensa de Sorzabal, permitiría, en caso de ser favorable a la tesis de que para el Estado que recibe la petición debe primar la defensa de los derechos humanos sobre el principio de mutua confianza, dar marcha atrás en los pronunciamientos habidos en las otras tres demandas de entrega que pesan sobre la presa vasca, aceptadas ya por la justicia francesa.