Tal como remarcaba el digital ‘Mediapart’ en el extenso reportaje dedicado a explicar el laberinto judicial al que se lleva enfrentando Josu Urrutikoetxea desde su detención en mayo de 2019 en los Alpes franceses, el Tribunal Correccional de París deberá buscar respuesta a una pregunta «delicada desde el punto de vista jurídico y político». No lo hará, como estaba previsto, a partir de esta tarde, ya que la vista se ha retrasado finalmente a los días 13 y 14 de setiembre.

Ese interrogante podría enunciarse de la siguiente manera, a juicio del autor del análisis, el periodista Antton Rouget: «¿Cómo se juzga a una persona que ha contribuido desde dentro a la disolución de un grupo armado inscrito en la lista de organizaciones terroristas?».

En el Estado francés, cuya justicia ha aceptado ya tres de las cuatro demandas de entrega cursadas por las autoridades españolas contra el militante nacido hace 70 años en Ugao (Bizkaia), va a ser juzgado en este 2021 por dos causas por las que ya fue condenado en rebeldía, es decir en ausencia.

La defensa recurrió esas condenas al entender que en los periodos juzgados en las mismas Josu Urrutikoetxea era partícipe de acciones diplomáticas destinadas a lograr ese final de ETA que, precisamente, se oficializó mediante una grabación de voz de él mismo y de Marixol Iparragirre.

NAIZ daba a conocer recientemente un documento inédito con la imagen de Urrutikoetxea durante la lectura de esa histórica declaración.

Las dos «causas francesas»

Por el primero de los sumarios, retrasado a setiembre, Urrutikoetxea recibió una pena de siete años de cárcel por la acusación de «pertenencia a organización terrorista». La causa se refiere a actos ocurridos entre los años 2003 y 2005.

El segundo sumario, en el que se le condenó a ocho años de cárcel, y que será juzgado a partir de junio, se imputan a Urrutikoetxea hechos ocurridos en el periodo 2011 y 2013.

La defensa de Urrutikoetxea cuenta con una extensa documentación para demostrar que en esos periodos su defendido tomó parte en procesos de diálogo, primero en Suiza y luego en Noruega.

Ha sido precisamente ese factor, el del encausamiento de una persona que fue referencial en la búsqueda de una salida a la derivada armada del conflicto vasco, el que ha generado una gran incomprensión de la parte de organismos y figuras conocidas de la resolución de conflictos, que han expresado en las últimas semanas su preocupación por las consecuencias, de cara a la resolución futura de conflictos mediante el diálogo, de la eventual condena a un negociador.

A la queja expresada en el diario ‘La Croix’ por el ex diplomático británico Jonathan Powell, abogando abiertamente por «un salvoconducto» para miembros o representantes de organizaciones armadas implicados en procesos de resolución de conflictos, se sumaba después, esta vez a través de Mediapart, con un artículo titulado «Por la justicia, la democracia y la paz» el sociólogo francés Michel Wieviorka, fundador y director de la plataforma Salir de la Violencia.

Los testimonios de expertos internacionales

A luz de esos pronunciamientos, los testimonios de expertos que plantea la defensa de cara a esta causa cobran una relevancia especial.

La convocatoria tardía de los mismos a cargo de la Fiscalía ya obligó a retrasar, el pasado octubre, el análisis de esta causa, por la situación de la pandemia. La imposibilidad de que acudieran hoy al tribunal varios testigos internacionales ha llevado a retrasar la audiencia a setiembre.

En todo caso, cuando se celebre el juicio el debate volverá a detenerse sobre pasajes bien conocidos, como la interlocución entre representantes del Gobierno español y ETA en junio de 2005 en el Hotel President Wilson, junto al lago suizo de Leman. Proceso que fue monitorizado por diversas organizaciones internacionales como el Centro Henri Dunant.

Pero también sobre encuentros que tuvieron lugar desde octubre del mismo año en Oslo, a donde el equipo negociador del que formaba parte Josu Urrutikoetxea viajó en un avión privado para dirigirse luego con escolta policial y protección diplomática de Noruega hasta el hotel situado a unos 80 kilómetros de Oslo en que se produjeron unas reuniones que no permitieron llegar a un acuerdo.

La defensa de Urrutikoetxea dejará sentado en sala judicial otro dato de relevancia, como es que el militante vasco contaba, según ha vuelto a destacar Mediapart, con «un salvoconducto emitido por los negociadores españoles», o si se prefiere con los teléfonos directos de dos altos representantes de Interior en Madrid y París. De una parte, el mando de la Policía española Victor García Hidalgo y de otra, un colaborador estrecho de Nicolas Sarkozy, Christian Lambert.

Desestimada la entrega por el atentado de Barajas

El atentado cometido por la organización armada vasca el 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto madrileño de Barajas, y que se saldó con la muerte de dos ciudadanos latinoamericanos, Carlos Alonso Palate y la de Diego Armando Estacio, y el posterior final oficial del alto el fuego de ETA en junio de 2007 cerró ese episodio negociador.

Cabe recordar que la pretensión de Madrid de juzgar por «crímenes de lesa humanidad» a Urrutikoetxea, por su presunta responsabilidad en ese atentado se ha topado por el rechazo expreso de la justicia gala, que desestimó esa demanda. No así las referidas a los casos Hergueta, cuartel de Zaragoza y el de las Herriko Tabernas, encausamientos que, en todo caso, no tendrían consecuencias cercanas ante la prioridad de los procesos judiciales a los que se enfrenta Urrutikoetxea en el Estado francés.