El 22 de diciembre el Ayuntamiento de Gasteiz denegó la licencia para los trabajos de exploración en el pozo de gas en el concejo de Subilla. El informe técnico confirmaba que la solicitud realizada por Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), organismo dependiente de Lakua, para explorar hidrocarburos no es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana de Gasteiz vigente.

En su momento, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno de Lakua, Arantxa Tapia, ya anunció la posibilidad de recurrir judicialmente esta denegación y ayer se confirmó que presentará ese recurso. Según Tapia es «imprescindible» en este momento «mantener esos derechos de exploración vivos para explorar si hay gas y si se puede luego extraer de una forma sostenible». Repite, además, que «contamos con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente».

Shesa forma parte del proyecto de este pozo junto a dos empresas privadas, con las que forma un consorcio. Arantxa Tapia afirmó ayer que «respetando la resolución del Ayuntamiento de Vitoria, entendemos que tenemos que seguir porque es una posibilidad energética y es nuestra obligación explorar si tenemos suficiente gas y, a partir de ahí, también si contamos con la capacidad para poder luego extraerlo de una forma sostenible».

El socio, en contra

El sector jeltzale del Gobierno de Lakua está solo en este proyecto. Todos los grupos de la oposición estan en contra. Y su socio, el PSE, consultado ayer por GARA sobre este recurso, respondió con contundencia que «hemos dejado claro públicamente nuestro rechazo del proyecto de pozo de gas de Subilla, porque no forma parte de las políticas socialistas apostar por nuevas inversiones en hidrocarburos ni en energías fósiles».

Desde el PSE precisaron a este diario que al margen de lo relativo a la política municipal, que es lo que se dirimiría en este recurso judicial, su «posición va más allá de si la actividad cabe o no en el Plan General de Gasteiz». Explican que «es contraria a aumentar la dependencia de las energías fósiles» y añaden «que la nueva realidad normativa y las futuras regulaciones que puedan aprobarse van a ir este sentido».

Según esta formación, «la estrategia energética vasca» debe de contemplar «importantes apuestas de inversión en energía fotovoltaica, en energía eólica, en el hidrógeno verde, que deben permitir una transición ecológica justa». Y asegura que defiende «la política energética que se recoge en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (utilización de energías limpias, renovables y no contaminantes)».

El PSE ya se pronunció en contra de este pozo de gas en la Juntas Generales de Araba a mediados de diciembre del pasado año. En una enmienda a una propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos que resultó finalmente aprobada, quedó claro que «las Juntas Generales de Álava rechazan el proyecto para la exploración y explotación del pozo de gas denominado Armentia-2». Añadía que «instan al Congreso de los Diputados a aprobar lo antes posible una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíba expresamente la concesión de nuevos permisos para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos».

Poco después, el portavoz del PSE en el Parlamento afirmó que si el debate de las JJGG de Araba se diera en la Cámara autonómica, «el posicionamiento de los socialistas volvería a ser el mismo».

Mendia no sabe no contesta

Este diario consultó también a fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno autonómico sobre esta materia, y la respuesta fue que «como no es un asunto que se haya tratado en Consejo de Gobierno», Idoia Mendia «desconoce los argumentos que haya utilizado otro departamento para realizar ese recurso».

En los presupuestos del Gobierno de 2021 no hay partida alguna para esta exploración, aunque podría habilitarse una en caso de lograr una victoria judicial.

Equilibrios del ABB

Ante el recurso anunciado por Shesa, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, aseguró en Radio Euskadi que el Consistorio «no va a cambiar de opinión» y seguirá «defendiendo el bien superior de Vitoria, que significa defender el Plan General de Ordenación Urbana, que prohíbe la exploración y la explotación de gas» en el municipio.

Ante esta confrontación entre instituciones con dirección jeltzale, el PNV de Araba se ve obligado a hacer equilibrios. El presidente del ABB, José Antonio Suso, declaró ayer ante los medios que el Gobierno «tiene la facultad de recurrir» y, por lo tanto, «se trata de una decisión que tendrá que explicar» el propio Ejecutivo. «Yo no tengo nada más que decir», concluyó Suso.

Todos los grupos de la oposición –EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP– criticaron duramente la decisión adoptada por Lakua, puesto que todos ellos son contrarios a la exploración de gas en Subilla, en un espacio en el que se pretende, además, crear el parque natural de los Montes de Vitoria. Se recuerda también desde la izquierda que el recurso presentado contraviene la declaración de emergencia climática aprobada por el Parlamento de Gasteiz en setiembre de 2019.

Una exploración sin posible futura explotación

A pesar de los intentos del PNV por defender la continuidad de la exploración y la explotación del gas natural en sus enmiendas a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los debates en la ponencia no van por donde les gustaría. En la reunión del 24 de febrero, al artículo 8 en el que se recoge lo relativo a la prohibición de la exploración de hidrocarburos, se añadió una enmienda en la que se apunta que «no se admitirá a trámite la solicitud de concesión de autorización de explotación que no hubiere sido iniciada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley». La ponente jeltzale, Idoia Sagastizabal, se abstuvo en la votación.

La ley en debate permite seguir adelante con aquellas exploraciones que estén ya en marcha cuando se apruebe la misma y esta es una de las razones por las que el Departamento de Arantxa Tapia insiste en seguir adelante con los trámites y, a poder ser, hacerlo cuanto antes. Sin embargo, con la nueva redacción de este artículo se daría la paradoja de que si en el pozo de Subilla se desarrollara la exploración y se encontrara una bolsa rentable de gas, estaría prohibido concederle el permiso de explotación, por lo que todo el gasto anterior hubiera sido totalmente en balde.

En sus enmiendas al proyecto de ley, el PNV intenta evitar los obstáculos a proyectos como el de Subilla con el argumento de que «al prohibir la exploración y la explotación de hidrocarburos se consigue el efecto contrario a los objetivos de descarbonización marcados en el presente Proyecto de Ley, ya que impediría, de facto, disponer de recursos locales de gas natural con menor huella de carbono que los importados, renunciando a recursos soberanos geoestratégicos del subsuelo y condenando a una mayor dependencia de recursos foráneos para cubrir la demanda interna, con el consiguiente perjuicio al medio ambiente, a la seguridad y garantía de suministro».