La iniciativa para prohibir ocultar el rostro en público en Suiza, una medida que apunta a las pocas mujeres que llevan el niqab (velo integral) o el burka, ha salido adelante con el 51,21% de los votos, según datos oficiales del Gobierno, en el referéndum llevado a cabo hoy. La prohibición debe incorporarse ahora a la Constitución y se aplicará en restaurantes, tiendas y en espacios públicos.

La iniciativa ha salido adelante al lograr la mayoría de los votos de la población e imponerse en la mayor parte de los 26 cantones y Suiza sigue así los pasos del Estado francés, Austria, Bulgaria, Bélgica y Dinamarca prohibiendo el velo integral, tras años de debate.

El objetivo declarado de la iniciativa era promover la igualdad, la libertad y, en particular, la seguridad, ya que los proponentes afirmaban que contribuiría a impedir atentados «terroristas» y otras formas de violencia, y facilitaría la promoción de la igualdad de género liberando a las mujeres que están «controladas, oprimidas y cautivas».

Su principal promotor fue la Unión Democrática de Centro (UDC), el partido más conservador del espectro político suizo, pero la nueva norma también recibió el apoyo de otras formaciones de derecha.

Entre sus oponentes no solo figuraban partidos políticos, sino movimientos sociales y reconocidos colectivos feministas, que consideran que esta prohibición es «racista y sexista».

También el Gobierno y el Parlamento suizos se habían posicionado en contra de esta prohibición por considerar que se trata de un fenómeno marginal en Suiza, que podría tener efectos negativos en el turismo y, finalmente, no ayudaría realmente a las mujeres afectadas.

Suiza recibe cada año muchos turistas procedente de países árabes y de alto poder adquisitivo.

«Ninguna mujer puede aceptar caminar por la calle con una tela sobre el rostro que le impide respirar, mostrarse como persona y como mujer, y decirlo en voz alta no es ni sexista ni racista», ha declarado al conocerse el resultado del referéndum la parlamentaria Jaqueline de Quattro, en declaraciones a la radio-televisión pública suiza RTS.

Hay que recordar que los suizos aprobaron en referéndum hace 12 años una propuesta, respaldada por la derecha para prohibir la construcción de nuevos minaretes. En el centro de la campaña se situaba un controvertido cartel que mostraba a una mujer ataviada con un burka, con minaretes con forma de misil de fondo.

La ley aprobada en este referéndum también se aplicará a los participantes en manifestaciones y marchas, que no podrán ocultar el rostro.

Cédula de identidad electrónica

También hoy, los votantes suizos han rechazado con el 64% de los votos una propuesta del Ejecutivo para crear un certificado único de identidad electrónica que permitiría acceder a distintos servicios por Internet, cuya emisión sería responsabilidad no del Estado, sino de empresas privadas, su aspecto más criticado en campaña.

En Suiza no existe un procedimiento de identificación para acceder a servicios en línea que esté regulado por una ley y reconocido por el Estado, lo que, según el Gobierno, se debería subsanar para que cada ciudadano pueda identificarse de manera simple y segura por Internet.

Con ese fin, Ejecutivo y Parlamento plantearon la creación de un e-ID (identificación electrónica), que, según el planteamiento, hubiese permitido facilitar la conexión a distintos sitios web para comprar o recibir un servicio, desde hacer un pago, obtener un documento oficial o abrir una cuenta bancaria.

Si bien la idea era que fueran compañías privadas las que emitieran esa identificación, correspondía al Estado transmitirles los datos necesarios para ello, con el consentimiento de cada persona.

Organizaciones civiles y todo el espectro político de izquierda se opusieron a la propuesta al defender que la emisión de documentos de identidad debe mantenerse como una responsabilidad exclusiva del Estado.  Asimismo, criticaban que cada vez que alguien utilizara su documento de identidad esto sería registrado de forma centralizada por una empresa privada, lo que podría dar lugar a abusos y a violaciones de la protección de datos.

Asociaciones de personas mayores estuvieron entre las que se opusieron a la cédula de identidad electrónica ya que temían que se les obligara a utilizarla.