La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas a tres exdirigentes del PNV y a un exdirector del Gobierno de Lakua, en el mayor proceso por corrupción juzgado en la CAV, con penas que van de los 13 a 6 años de prisión.

Fuentes fiscales han informado a Efe de que el Ministerio Público ha impugnado el recurso de casación de los condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Araba, por lo que solicita al alto tribunal que confirme íntegramente la resolución.

La Audiencia de Araba condenó a 13 años y 3 meses de cárcel a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV en el herrialde y diputado foral, por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

También condenó a los dos exdirigentes del PNV alavés Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses) y Aitor Tellería (6 años y 6 meses) así como al exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua Javier Sánchez Robles (7 años y un mes de cárcel).

La resolución destaca que los tres exdirigentes del PNV idearon en 2005 un plan para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» Para lograr su objetivo se valieron de sus «influencias políticas» y de las relaciones personales que tenían por su militancia en el PNV.

Recuerda la sentencia que tanto De Miguel como Tellería tenían un «puesto relevante» y una «posición de poder», en el PNV de Araba, «en el mismo partido político que gobernaba» y que por ello tenían «gran influencia».

En esta asociación ilícita participaron en distinto grado otras siete personas: Sánchez Robles, Ainhoa Bilbao (esposa de De Miguel), Iratxe Gaztelu-Urrutia (mujer de Otxandiano), y los administradores de diversas empresas Iñaki San Juan, Josu Montes, Jon Iñaki Echaburu y Josu Arruti Letemendia.

En libertad a la espera de recurso

El tribunal relata siete operaciones ilícitas, algunas de ellas vinculadas con el pago de comisiones, como la fallida operación urbanística en Zambrana, en la que dos empresarios catalanes, ahora absueltos, reconocieron el pago de 320.000 euros.

También se declaran probadas las irregularidades en la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, una operación en la que se intentó cobrar una comisión por intermediar en una adjudicación a una empresa. Este fue precisamente el origen de este caso, ya que la abogada y administradora de la firma Ainhoa Alberdi denunció que De Miguel le estaba pidiendo una «mordida» de 100.000 euros.

Pese al elevado volumen de años impuesto, el Tribunal permitió que los condenados pudieran esperar en libertad a la resolución de este recurso. La sentencia se emitió en diciembre de 2019 pero el estallido de la pandemia pocos meses después lo ha mantenido relegado en la agenda judicial y política hasta la fecha.