La asociaciones de hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba presentarán en próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el decreto del lehendakari Urkullu que reduce el horario de los espacios interiores de los establecimientos hosteleros de localidades con una tasa de incidencia acumulada de coronavirus de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Como es sabido, en estos puntos solo se podrán utilizar los interiores de los locales entre las 6.30 y las 9.30 horas, y entre las 13.00 y las 16.30 horas.

En declaraciones a Europa Press, el gerente a la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha indicado que este lunes se ha tomado la decisión de recurrir ante el alto tribunal de la CAV, denuncia que se materializará a finales de esta semana o principios de la siguiente, de manera que otros subsectores afectados por el decreto se puedan sumar a la misma, como puedan ser los salones de juego.

Cabe recordar que el 9 de febrero el TSJPV atendió a un recurso contra el cierre de hostelería y ordenó la reapertura. Un fallo criticado por Lakua y que levantó más polémica cuando se conocieron las posiciones mantenidas en tertulias por el juez Luis Angel Garrido, ponente de la resolución.

Las tres asociaciones territoriales hosteleras presentarán un recurso conjunto, al considerar que esta limitación al horario de los locales «no es acertada ni adecuada para el control de la pandemia y no tiene fundamento suficiente».

Según ha manifestado Sánchez, el Gobiernos de Lakua adopta esta medida para contener o reducir la tasa de contagios en municipios por encima de 400 casos por 100.000 habitantes. «Entendemos que esta medida no conlleva ese efecto que el Ejecutivo vasco busca o pretende y, en la medida en que no están suficientemente justificados esos efectos, la impugnamos», ha precisado.

En principio, el recurso de la asociaciones hosteleras no pedirá medidas cautelarísimas al TSJPV para que suspenda la aplicación del cierre interior de los locales, ya que, según ha explicado Sánchez, en esta ocasión «deberían pasar dos semanas» para ver los efectos económicos para los negocios de esta medida.

«Esperaremos un poco antes de solicitar una paralización inmediata de la orden de cierre, ya que hay que tener argumentos sólidos para que un tribunal acceda a una petición de estas características», ha concluido.