Adoptada en 2000 por la Asamblea Nacional, los primeros artículos de la ley 99 consagran precisamente que «el pueblo québécois tienen el derecho inalienable a elegir libremente el régimen político y el estatus jurídico de Quebec» y defienden la regla del «50% + 1» que rige para el referéndum en ese territorio francófono bajo soberanía canadiense.

Unas reglas cuestionadas en los últimos tiempos por la formación de Keith Henderson que, con el apoyo del Gobierno federal, proclama a cada paso que Quebec no debería tener derecho a decretar una secesión unilateral respecto a Canadá.

La decisión hecha pública el viernes 9 de abril por el magistrado Robrt Mainvill de la Corte de Apelación declara acordes a la Constitución canadiense esos seis artículos.

Henderson llevó a esa alta instancia judicial qebequesa el caso tras perder en la Corte Supremna en 2018.

«Sin duda la democracia québécois respira hoy más tranquila, pero para mí ese sentimiento de alivio es más que todo un sentimiento de exasperación, porque no es normal que un pueblo tenga que luchar y confrontar para defender su existencia», ha valorado, en declaraciones recogidas por "Le Journal de Montreal" el abogado Maxime Laporte, representante de Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) en el proceso judicial.

La decisión ha sido saludada mayoritariamente por la clase política quebequesa, y en particular por el jefe de filas del Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, que no obstante, ha lamentado el persistente debate en tribunales.

«Es desolador que una regla como la del 50% + 1 precise de una ley específica y de dos decisiones judiciales para ser efectivamente reconocida, algo que no debería pasar en una democracia normal», valoraba a través de la red Twitter.