El Parlamento navarro ha aprobado este lunes pedir a la Cámara de Comptos que fiscalice la forma en la que el Gobierno aprobó el año pasado otorgar un sobrecoste a Audenasa por las subvenciones a los peajes, un asunto sobre el que también ha tramitado una petición dirigida al Consejo de Navarra. Asimismo, el Pleno, tal y como pidió EH Bildu, analizará próximamente esta cuestión.

El Ejecutivo tomó la decisión de abonar algo más de seis millones de de euros apoyado en un informe de la secretaría técnica de Hacienda y en otro de la delegada de Gobierno en la empresa, pero en contra de su propia Intervención General, que calculaba la compensación en 1,2 millones.

La diferencia de cinco millones radica en la fórmula de cálculo empleada y sobre la que se pide ahora sendos informes a Comptos y el Consejo de Navarra después de que el pleno del Parlamento ya aprobara la semana pasada una moción sobre la lesividad de la decisión del Gobierno.

La iniciativa de llevar el asunto al Consejo de Navarra ha sido de Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha indicado que el mismo puede ser «tremendamente relevante», y subrayado que en su grupo han sido prudentes en los posicionamientos pero el Gobierno debería al menos paralizar su acuerdo hasta que se aclare la cuestión.

En este sentido ha añadido que una mayoría «le ha pedido que declare la nulidad» de la decisión y por lo tanto «tendrá que decir si por una vez escucha a este Parlamento o sigue sin escuchar a las mayorías».

Por el PSN, Ramón Alzórriz ha indicado que su grupo ha apoyado la petición de I-E de pedir un informe a Comtptos pero no entiende la de EH Bildu que, «habiendo otros asuntos más importantes», volverá a plantear la cuestión en dos semanas ante el pleno del Parlamento cuando ya se habrá pedido un informe.

Alzórriz ha añadido que «el Gobierno tiene que atender a los informes de los técnicos que avalan la decisión que se ha tomado, cumplir con la legalidad, ya que el secretario técnico es el máximo órgano jurídico en un departamento», por lo que criticado que se «intente poner en duda algo que ha sido legal», y ha asegurado que «no pasa nada" por los reparos de la Intervención, que ya se han dado en otras ocasiones.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha recordado que la resolución sobre la lesividad de la decisión del Gobierno para una posterior impugnación no es vinculante para el Ejecutivo, aunque también ha advertido de que este asunto «sigue teniendo recorrido a ojos de los grupos parlamentarios».

Por su parte, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha considerado que el Ejecutivo debería paralizar la ejecución de su acuerdo y se ha mostrado satisfecha porque la iniciativa de su grupo no se posibilitará un debate en pleno sino que puede ser la primera por primera vez este órgano legislativo pida un informe a Comptos.

Se trata de aclarar «una decisión que no está sujeta a un procedimiento reglado, cuando hay uno utilizado a lo largo de 20 años», y en la que no ha primado el interés de las arcas publicas, ha dicho, y apuntado además que el Gobierno debería cumplir con la moción aprobada, que llevaría a la nulidad del acuerdo.

También la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha mostrado su satisfacción porque se haya aprobado por unanimidad la iniciativa de grupo de pedir un informe a Comptos sobre una legalidad cuestionada, ya que el resultado de aplicar una fórmula u otra para calcula la compensación a Audenasa supone en términos económicos "una diferencia muy sustancial"