El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Nafarroa, Javier Remírez, ha confirmado este martes que están preparando un nuevo decreto sobre el uso del euskara en la administración. Ha fijado el objetivo en que «nadie vea en esta norma una imposición, pero tampoco un retroceso» y ha apostado por que sea «una norma de consenso».

«Estamos trabajando en una norma que respete la ley foral del euskera en relación a las zonas lingüísticas, ajustada al conocimiento y el uso en cada una de ellas, y que por supuesto sea una norma en la que todos los navarros nos podamos sentir cómodos y representados», ha afirmado Remírez, quien hace pocos meses lamentaba la ausencia de una norma y el vacío legal generado.

Así se ha pronunciado el consejero al ser preguntado por EH Bildu en comisión parlamentaria sobre la convocatoria de 114 plazas de médico del Servicio Navarro de Salud.

Remírez ha afirmado que en esta convocatoria «se aplicará la normativa vigente» en relación a la valoración de los méritos, como «en cualquier otro procedimiento en el que sea necesario la valoración de los méritos de idiomas» .

Ha recordado el consejero que la actual normativa se ha visto «alterada» en algunos de sus artículos, tras ser anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), y ha añadido que «venimos trabajando en revertir esta situación y poder aprobar una nueva normativa que regule la parte correspondiente a los méritos de acceso a la función pública, y, en concreto, más en detalle a los méritos de conocimiento del euskera».

«Para ello trabajamos, para alcanzar un acuerdo que nos permita aprobar una norma que conjugue el equilibrio, la proporcionalidad y sea reflejo de la realidad sociolingüística de Navarra, evitando situaciones de carácter discriminatorio», ha apuntado.

Ha remarcado Remírez que «esto no es una cuestión sencilla, Navarra es muy plural y en esta cuestión de política lingüística más plural y sensible todavía» y ha señalado que «es complejo buscar un equilibrio, un acuerdo social, político y sindical que genere consenso». «Pero esa es la intención, avanzar en ese escenario y en una norma que garantice la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades», ha enfatizado.

En este sentido, ha recordado que existen «diferencias» entre los socios de Gobierno sobre esta cuestión y ha remarcado que «más allá de que se impulse más pronto que tarde un nuevo decreto foral, también va a ser todavía sujeto en los próximos meses a un debate interno dentro de la propia administración con representantes de los trabajadores de cara a buscar un consenso que sin ser fácil el empeño es conseguirlo».

«Discriminación» a los euskaldunes

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha censurado la «discriminación» que algunos ciudadanos sufren tras anularse una serie de artículos del decreto sobre el uso del euskara en las administraciones.

Ha echado en falta autocrítica por parte del consejero y ha considerado «de perogrullo» que Remírez diga que se va a aplicar la normativa vigente en la OPE de médicos cuando «tenemos un vacío legal desde hace año y medio».

«Entiendo que en el Gobierno tengan discrepancias y diferencias, pero hay miles de ciudadanos que se han presentado a convocatorias de plazas públicas y que no han podido acreditar el conocimiento del euskera, al contrario los que pueden acreditar el francés, inglés o alemán», ha criticado.

Por otro lado, en respuesta a otra pregunta de la parlamentaria de EH Bildu sobre los servicios telemáticos en euskara, Remírez ha afirmado que «hay que asumir que lo que se ofrece ahora mismo no es suficiente». Y ha remarcado que es «una cuestión que venimos arrastrando de legislaturas anteriores».

Según ha expuesto, «la voluntad y el objetivo es que todos los ciudadanos, independientemente de la lengua en la que quieran dirigirse, se vean atendidos en los trámites, como en el catálogo de la administración pública».

Bakartxo Ruiz se ha alegrado de que el consejero haya reconocido que la oferta actual es «insuficiente» y ha pedido «un compromiso más fuerte y concreto»  por parte del Gobierno navarro. «Esto no es un capricho, estamos hablando de derechos», ha destacado.