Activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri Otxoak han marchado desnudas en un barril desde la Delegación del Gobierno de Lakua en Bilbo hasta la Tesorería General de la Seguridad Social para denunciar «las demoras, la burocracia, las trabas en el acceso y los recortes que aplican ambas administraciones a las familias solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la CAV».

«Tras iniciarse el plazo de solicitudes el 15 de junio de 2020 y que el plazo máximo para ser resueltas se hubiera demorado de los tres a los seis meses, a día de hoy en la CAV, pasados ya once meses desde la apertura del plazo, cientos de expedientes de familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios (especialmente, en hostelería), con pensiones mínimas e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales siguen aún sin resolverse, impidiéndoles llegar mínimamente a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas», ha explicado Berri Otxoak.

Asegura que hasta inicios del mes de febrero Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del IMV y ha «actuado de mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no haber solicitado previamente el IMV».

«Es una prestación que la entidad conocía y que aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitarla desde junio del pasado año», ha declarado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.

«Más medios»

El colectivo también se ha pronunciado sobre el requisito de que el promedio mensual de rentas anuales del año anterior a la solicitud deba ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponde según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia (para una persona que vive sola, la media de renta anual del año anterior no puede sobrepasar los 450€).

Alegan que ni el Gobierno de Lakua, ni la Seguridad Social, ni el Gobierno español tienen en consideración las actuales circunstancias de estas familias, «ya que la prestación no está destinada a paliar las situaciones de pobreza real que en la actualidad sufre la población».

«No obstante, las familias que sí reúnen este y otros requisitos llevan casi un año esperando, por lo que el cumplimiento de los requerimientos no está garantizando mayor celeridad en la cobertura de sus necesidades básicas por parte de las administraciones», ha puntualizado Berri Otxoak.

Por todas estas razones, Berri Otxoak exige tanto al Ejecutivo de Iñigo Urkullu como al de Pedro Sánchez que pongan «todos los medios a su alcance para agilizar la concesión de esta prestación y que prioricen la cobertura de necesidades básicas de toda familia que lo necesite, ya que esta situación no viene dada por una falta de recursos para destinar, si no por una falta de interés en las personas que sufren situaciones de pobreza».