Agustín Goikoetxea

Una reflexión colectiva propone reforzar lo público para afrontar las causas del covid-19

Cerca de medio centenar de profesionales han participado en la elaboración del ‘Libro Blanco de la Covid-19’, una reflexión colectiva que analiza las consecuencias de esta enfermedad y propone 175 propuestas concretas. Reforzar lo público aparece en muchos ámbitos, especialmente en el de la salud.

Seis de las personas que han participado en la elaboración del libro. (Aritz LOIOLA/FOKU)
Seis de las personas que han participado en la elaboración del libro. (Aritz LOIOLA/FOKU)

Seis de los 44 profesionales del ámbito de la sanidad, economía, jurídico, medios de comunicación y educación han participado en la elaboración del ‘Libro Blanco de la Covid-19’, presentado este viernes en Bilbo. Quince meses después de que el coronavirus cambiase radicalmente nuestras vidas, con más de 5.000 personas fallecidas y 20.000 hospitalizadas en Hego Euskal Herria, presentan un análisis multidisciplinar e independiente al que acompañan 175 propuestas para encarar el reto.

La publicación invita a reflexionar para entender en qué hemos acertado y en qué fallado. Es una aportación constructiva, en la que, como ha expuesto Ugo Mayor, profesor investigador de Ikerbasque en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UPV-EHU, se trata de aprender de los errores sin culpabilizar a nadie. Ha apuntado a que han considerado importante realizar este trabajo, en plena pandemia, sin esperar a que concluya la crisis.

Oier Ateka, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario de Donostia, ha manifestado que han echado en falta «transparencia», «más datos». En el ámbito de la sanidad sociosanitaria proponen reforzar el sistema público «para que asuma y mantenga la responsabilidad con firmeza en situaciones de crisis y fuera de ellas».

Más inversión

También apuestan por lograr un sistema asistencial eficaz y eficiente. Para ello, creen imprescindible priorizar la atención primaria y los servicios sociales a través de destinar a ello el 25% del presupuesto sanitario. El objetivo, en el ámbito de la sanidad, es que la inversión pública alcance al 7-8% del PIB.

Ateka ha dicho en un instante de la presentación que es hora de valorar los resultados que está obteniendo la sanidad privada, que se lleva un tercio del presupuesto, cuando son los recursos públicos los que han respondido ante la crisis provocada por la covid-19.

Otra propuesta incide en la necesidad de establecer un dispositivo de alertas y planes de preparación y respuesta en la Red de Vigilancia Epidemiológica de la CAV «para la evaluación de las señales, verificación de las alertas y la planificación, coordinación y evaluación del Plan de Preparación y Respuesta». Además, se destaca la importancia de un dispositivo de rastreo más eficaz.

En cuanto a la vacunación, proponen crear una comisión de expertos independientes para el control, seguimiento y mejoras de los efectos secundarios, que sirva para responder a las cuestiones que pudieran surgir. También piden a las autoridades competentes que suspendan temporalmente las patentes y activar los mecanismos de «licencia obligatoria», por encima de problemas jurídicos, logísticos y geopolíticos, con el fin de preservar la salud a nivel mundial.

No faltan medidas para mejorar la salud mental ante el incremento de los niveles de estrés, potenciando además la actividad física y la alimentación equilibrada.

Reducir la temporalidad

En el apartado económico, el libro aboga por reducir al máximo la temporalidad en el empleo público, especialmente en los sectores sanitario y educativo, hasta cumplir con las plantillas estructurales aprobadas por el Gobierno. En plena crisis, se reclama un seguimiento «directo y pormenorizado» de la evolución de la desigualdad en la CAV.

Proponen una reflexión sobre las medidas fiscales e implementar por las tres haciendas de la CAV para reducir el impacto de la pandemia en la desigualdad. «Las competencias fiscales vascas son una importante herramienta, que se debe activar frente a las consecuencias socioeconómicas del covid-19», sostienen.

A los gobiernos y a los medios de comunicación les exigen una comunicación «directa, clara y veraz». Defienden que el empoderamiento informativo facilitará mucho la colaboración ciudadana. Asimismo, se pide que se publiquen datos actualizados.

Asimismo, se propone adaptar y actualizar el marco legal para otorgar mayor seguridad jurídica y mayor eficacia a las medidas que hayan de adoptarse. En esta línea, apuestan por definir en una ley autonómica las medidas adoptables en caso de pandemia.

En el ámbito educativo, se incide en la necesidad de dar solución a las carencias en infraestructuras, comunicación y nuevas metodologías y herramientas para la formación del profesorado.