La Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento autonómico ha acogido este martes la comparecencia de los representantes de los trabajadores de Tubacex para informar de la situación de la plantilla, que cumple este martes 90 días de huelga para expresar su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las plantas de Laudio y Amurrio.

Los portavoces del comité Eduardo Ibernia y Joseba Terreros han remarcado que el 100% de la plantilla se encuentra en huelga indefinida, iniciada el pasado 11 de febrero, para rechazar el ajuste de empleo en la firma con 150 eventuales menos, la ejecución de 94 despidos forzosos, a los que suman 12 prejubilaciones y 22 salidas por bajas voluntarias incentivadas.

Tras insistir en que la situación de la empresa es «coyuntural», derivada de la situación de crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, han indicado de que se encuentran en una situación de «incertidumbre» porque todavía no conocen la fecha del juicio por el ERE.

Pesimistas

Han destacado que la empresa les ha trasladado que muchos de los 128 puestos que desaparecen con el ERE «se subcontratan, no con el mismo número de personas pero sí la realización de funciones que son necesarias para seguir funcionando. Estamos muy preocupados porque en términos generales, perdemos ya a 300 personas en nuestra organización, cuando internamente sabemos que para hacer una producción normal estas personas son necesarias. Esto nos hace ser pesimistas en cuanto al futuro de esta empresa en la comarca».

En este sentido, han trasladado a los grupos parlamentarios la necesidad de «tratar de evitar una quiebra total» de Aiaraldea y seguir apostando por el tejido industrial de esta zona de Araba. «No se trata de una deslocalización a India, Austria o Italia, donde hay empresas del grupo, sino a otras más cerca que están en Cantabria».

Actitud de la Ertzaintza

Por otro lado, han expresado su queja por el trato que han recibido y por las cargas de la Ertzaintza en las entradas de las fábricas o a las puertas de la propia Cámara. «Somos clase obrera y estamos sufriendo tratos como auténticos delincuentes», han denunciado.