Como triste efeméride, el Consejo Constitucional francés eligió la fecha del 21 de mayo, jornada internacional de la diversidad cultural, para lanzar no ya un «ataque quirúrgico» sino un bombardeo indiscriminado contra el sistema de inmersión lingüística.

No es un ataque más, sino el ataque. Y así lo identificaban, nada más conocerse la decisión, a media mañana, los principales actores del sistema educativo vasco, a los que secundaron, por la tarde, los representantes políticos e institucionales reunidos en Baiona.

«Es una declaración de guerra contras las lenguas territoriales», resumía el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Echegaray, que no dudaba en calificar de «tsunami» la decisión de los «sabios».

El periodista especializado en cuestiones jurídicas Pierre Manuel recordaba que, aunque un número muy destacado de textos sensibles han pasado por la mesa del Consejo Constitucional, «es la primera vez en los últimos cuatro años en que ese órgano va más allá de responder a las cuestiones que se le plantean y se pronuncia sobre otras partes fundamentales de una propuesta de ley».

Los guardianes de la Constitución pudieron, pero no lo hicieron, dar un pronunciamiento extensivo sobre artículos relativos a materias bien sensibles, ya relativas a la ley de trabajo o a la ley de seguridad ciudadana, pero los dejaron pasar.

Decepcionados hasta los juristas

«La Constitución es un mecanismo de cohesión de la nación y el Consejo Constitucional ha derribado todo lo que hemos construido en ese sentido» estimaba el también jurista Jean-René Echegaray para advertir de las consecuencias en términos de «tensión» de una decisión por la que, según resumió gráficamente, ese órgano viene a decir «aquí solo existe el francés, y para todo lo demás, vayan ustedes circulando».

Una alerta sobre «las tensiones» que suscitaría la resolución que comparte el jefe de filas del MoDem, el bearnés François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron.

Y su palabra adquiere otro valor porque los centristas, esenciales para sostener la mayoría parlamentaria en París, han dado ya algún que otro susto al presidente, dando a entender que ya está en marcha la tradicional campaña de «renegociación» con vistas a las próximas citas electorales.

«No uso de forma habitual términos alarmistas, pero si el sentido de la decisión del Consejo Constitucional es poner en cuestion las bases de las escuelas Diwan, ikastolas, calendrettas, bressaola, etc., entonces la situación será explosiva», sentenciaba, vía redes sociales, el alcalde de Pau.

Ante esa contundencia, cobra sentido recordar que, aunque dio su apoyo a ambas comparecencias, el jefe de filas de MoDem en el departamento de Pirineos Atlánticos, Jean-Jacques Lasserre, no se ha sentado junto al resto de electos y representantes institucionales en las dos comparecencias celebradas hasta la fecha en relación a la Ley Molac. Quizás por evitar malentendidos por su condición de candidato.

No viajó a Baiona para acudir a la sede de la Mancomunidad Vasca, que acogió una primera rueda de prensa coral para alertar contra el recurso ante el Constitucional, impulsado con «malas artes» desde el Ministerio de Educación, ni tampoco se desplazó a la «seguda cabeza» del departamento que gobierna.

¿La «mayoría departamental» XXL se sostiene?

Aunque, con la elegancia habitual, el senador biarrota Max Brisson (LR) eludió la pregunta en la comparecencia de Baiona, hay una cuestión que va a estar candente en las próximas semanas.

Ningún representante de La République en Marche (LREM), partido instigador del recurso al Constitucional, estuvo en la comparecencia en la que representantes de las distintas filiales educativas y representantes institucionales cerraron filas en favor de la enseñanza inmersiva en la capital labortana.

Sin embargo, defensores de las lenguas como el propio Brisson, el centrista Vincent Bru o el propio Echegaray avalan la versión ampliada de lista Forces64, la autodenominada «mayoría departamental», y acudirán en coalición con LREM a las elecciones del 20-27 de junio.

Una alianza XXL, destinada a mantener el control de la institución en manos del centro-derecha que, a la vista de la resolución del Consejo Constitucional plantea interrogantes.

Máxime cuando los macronistas no se sienten concernidos por el consenso existente en Ipar Euskal Herria respecto a las lenguas minoritarias ni el cabeza de lista electoral asume, de manera presencial, la defensa de una materia, la educación en euskara, que no es aleatoria sino troncal en clave de política territorial.

Por su parte, el Consejo Regional de Nueva Aquitania y su presidente, y candidato a la reelección, el socialista Alain Rousset, emitieron un comunicado, dejando constancia escrita de «la gran amenaza para las lenguas regionales» que implica la decisión del Consejo Constitucional, y sumándose a la posición, ya marcada por el diputado bretón Paul Molac, de reabrir el debate sobre el lugar de las lenguas regionales en la Constitución.

«Si el Consejo Constitucional invalida un método pedagógico reconocido por sus excelentes resultados escolares, no es el método lo que hay que cambiar sino la Constitución», expresaba tras conocerse el fallo, tras lo que el electo de Morbihan apelaba solemnemente al presidente de la República a presentar de urgencia un proyecto de ley constitucional destinado a modificar el artículo 2 de la Constitución, que consagra el francés como única lengua oficial.

Petición de reforma constitucional a Macron

Emmanuel Macron no estampó su firma a tiempo en la ley de protección de las lenguas minoritarias aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 8 de abril.

Así abrió el pasillo a que el día 21 del mismo mes 61 diputados en la mayoría de sus propias filas, aunque apoyados también por algunos centristas, presentaran un recurso teledirigido desde el gabinete del titular de Educación, Michel Blanquer.

No cabe duda de que en ese camino, que identifica con claridad la raíz del problema político, Molac encontraría compañeros de viaje como los diputados corsos Paul-André Colombani y Jean-Félix Acquiviva, que se apresuraron a secundar su iniciativa, al igual que hicieron ayer, cada cual con sus palabras, los diputados Vincent Bru y Frédérique Espagnac (PS) en Baiona.

Sin embargo, como señala el responsable de la Oficina de la Lengua Vasca (EEP), Antton Curutcharry, «toca estudiar con detenimiento» la resolución para abordar la eventual respuesta jurídico-legal y emprender, a partir de ahí, la reconstrucción de consensos sobre la vía más eficaz para sacar del atolladero en que, a un año de la elección presidencial, Emmanuel Macron ha metido a los hablantes de las 70 lenguas que existen en el Hexágono. Todas ellas en peligro de desaparición, según la Unesco, a diferencia del francés.

La demanda debería contar con un apoyo tal que a Emmanuel Macron le mereciera la pena asumir riesgos a un año de la elección presidencial.

En la mejor de las hipótesis, la de que el presidente francés se decidiera a rectificar lo actuado por él, su gobierno, y parte de su grupo parlamentario contra la Ley Molac, y secundara una propuesta de reforma constitucional a instancias de su primer ministro, empezaría un largo y tortuoso camino parlamentario.

Reformar la Constitución requiere que en las dos cámaras del Parlamento se vote un proyecto de revisión en términos estrictamente idénticos antes que de que se canalice ese cambio, en este caso del artículo 2, un capítulo, por cierto, para nada aleatorio, sino más bien definitorio de la esencia de la República francesa, «la democracia más centralista del mundo».

Esa revisión debe ser ratificada en referéndum o en voto solemne del Congreso (suma cualificada de Senado y Asamblea Nacional), reunido en sesión solemne, en Versailles, y para que sea realidad la reforma debe ser avalada por tres quintos de los votos.

¿Ese camino es abordable? El conservador Max Brisson, que ha ejercido de escudero de Molac poniendo lo mejor de sí para sacar adelante la ley de protección y promoción de las lenguas minoritarias, se mostraba ayer muy cauteloso, a expensas de clarificar las implicaciones exactas del fallo del Constitucional y la viabilidad de los capítulos de la ley Molac que se han salvado del incendio.

Buscar la reforma, a sabiendas del calvario procesal, o acatar que no hay acomodo en el marco legal, con las implicaciones que ello tiene. Ese dilema gana, poco a poco, terreno, máxime a la vista del desgaste acelerado de los pilares democráticos en que se ha traducido el primer mandado de Macron. Aunque seguramente se agotó también el tiempo de los debates binarios.

Las dudas en la «fe republicana» que, en tono sombrío, se escucharon en la comparecencia de electos y representantes de las redes educativas, dan cuenta de que, en todo caso, la decepción cala incluso en los sectores hasta la fecha menos inspirados por el debate de pertenencia a la República.

La movilización del 29 de mayo en Baiona dará una medida de la fortaleza de ese nexo plural que ha permitido hablar con una sola voz a Ipar Euskal Herria en los últimos años sobre la institucionalización, las consecuencias del conflicto político-armado, el rechazo a la segunda línea de Tren de Alta Velocidad (TGV) o el impulso al euskara.

Bretones, corsas, occitanos, alsacianas.. saldrán a la calle junto a vascos y vascas ese día, en un enésimo pulso ante un Estado que pierde credibilidad a chorros ante sectores muy diversos, empecinado como está en reivindicarse en la uniformidad frente a la riqueza que emana de los territorios y las culturas.

«El problema va mas allá de LREM, porque estamos ante el Estado profundo que habla mediante el jacobinismo», alerta el presidente del Parti Breton, Mathieu Guihard.

La declaración de guerra lanzada desde la cita del Estado contra las lenguas minoritarias promete agitar las aguas, ante el cercano calendario electoral. No sería comprensible que no lo hiciera.

Sin embargo, sus implicaciones son de tal calado que lo peor que podría ocurrir seguramente es confundirse sobre los tiempos políticos y equivocarse sobre el valor de las alianzas.