Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno de Lakua, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radio Euskadi, donde ha hablado de diversos temas candentes que corresponden a su  Departamento.

Entre ellos está el TAV, que, ha reiterado, estará en marcha para finales de 2026 o principios de 2027. Unas fechas que, vista la experiencia de los tres últimos lustros, conviene coger con pinzas.

El propio Arriola ha reconocido que queda pendiente de definir el acceso a Gasteiz –cuyo coste se estima en más de 872 millones de euros– y Bilbo, ya que en ambas capitales se pretende que sea soterrado. En el caso de Donostia, el proyecto ya está concretado.

Arriola ha advertido de que son dos procesos «arduos y complejos. Solo en el nudo de Arkaute y el soterramiento de Vitoria se presentaron once mil alegaciones».

Por ello, ha reconocido que se puede dar la posibilidad de que llegue antes el tren que el soterramiento de las estaciones. Ha admitido que «es un riesgo que existe», y que no descarta «un plan B, como son estaciones provisionales». La última reunión con el Ministerio español de Transportes tuvo lugar el 10 de mayo. «Vamos a seguir trabajando para avanzar, agilizando los trabajos en Vitoria y Bilbao».

Metro de Donostia

Respecto al Metro de Donostia, la previsión es reanudar las obras del tramo Easo-Mirakontxa a mediados de este mes de junio, y la finalización se calcula para finales del 2024 o para el 2025. «No se trata de ir rápido sino seguro después de experiencias pasadas», ha apostillado.

Vertedero de Zaldibar

También se le ha preguntado por el vertedero de Zaldibar, ya que Arriola era consejero de Medio Ambiente cuando se produjo el derrumbe en febrero de 2020. Se ha declarado «muy tranquilo», porque al Gobierno de Lakua «no le va a tocar ninguna responsabilidad judicial».

Ha recordado que tras el accidente el Ejecutivo encargó varios informes que remarcaron que su actuación «ha cumplido la legislación europea y española, y esto ha sido ratificado por la propia Comisión Europea, que concluyó que el gobierno había cumplido la legislación europea».