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PNV, EH Bildu y Podemos muestran su rechazo a la sentencia contra el euskara en Irun

Representantes de PNV, EH Bildu y Podemos han comparecido conjuntamente en el Parlamento de Gasteiz para exponer su rechazo a la sentencia del TSJPV que anula el conocimiento del euskara como requisito para ejercer como Policía Municipal en Irun.

El parlamentario jeltzale Aitor Aldasoro, flanqueado por Miren Gorrotxategi (Podemos) y Rebeka Ubera (EH Bildu). (@eajpnv_Legebil)
El parlamentario jeltzale Aitor Aldasoro, flanqueado por Miren Gorrotxategi (Podemos) y Rebeka Ubera (EH Bildu). (@eajpnv_Legebil)

Los parlamentarios Aitor Aldasoro (PNV), Rebeka Ubera (EH Bildu) y Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) han leído este jueves una declaración conjunta en la que han mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el euskara como requisito para la Policía Municipal de Irun, al entender que «puede poner en duda el marco jurídico para avanzar en la normalización» de esta lengua en el sector público.

El tribunal declaró nula, el pasado mes de mayo, una resolución de ese consistorio guipuzcoano que en 2017 dio luz verde a la convocatoria de doce plazas de agentes, al considerar que el requisito de saber euskara era «discriminatorio» hacia quienes no hablaban esta lengua.

Los representantes de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que han leído el manifiesto en una comparecencia en el Parlamento de Gasteiz, han mostrado su «profunda preocupación e inquietud» por lo que consideran un «retroceso» en el camino hacia la «normalización» del euskera.

«Nos preocupa la sentencia porque puede poner en duda el marco jurídico vigente desde hace décadas en la administración vasca para avanzar hacia la normalización del euskera. Un marco ejemplar que la sociedad vasca avala», señala el texto.

Estos grupos ofrecen al Ayuntamiento de Irun, gobernado por el PSE, la ayuda que necesite para «defender la autonomía municipal», y reconocen la «legitimidad y la competencia de toda administración pública para establecer los perfiles lingüísticos y las preceptividades de los puestos de trabajo, poniendo en el centro los derechos lingüísticos de la ciudadanía».