Un total de 6.417 aspirantes han sido convocados este sábado, 5 de junio, para realizar la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado, correspondiente al año 2021, según ha informado el Ministerio español de Justicia. Los candidatos pueden realizar el examen en castellano o cualquiera de las lengua cooficiales del Estado, aunque en este caso solo una persona se examinará en euskara.

De los más de 6.400 aspirantes, sólo 43 (0,67%) han solicitado realizar el examen en euskara, gallego o catalán. Mientras que solo una persona se examinará en euskara y otra más en gallego, 41 candidatos lo harán en catalán (dos de ellas en valenciano).

En 2016, el entonces ministro español de Justicia, Rafael Catalá, firmó un convenio de colaboración con los gobiernos autonómicos de la CAV, Catalunya, Galiza y de el País Valenciano en el que los correspondientes departamentos de Justicia se comprometían a «garantizar que los servicios de traducción dependientes de dichas administraciones se desplacen a la sede del Ministerio de Justicia para realizar la traducción de la prueba en la correspondiente lengua cooficial» y «asumir el coste económico relacionado con la traducción a la correspondiente lengua cooficial».

«Miedo a quedar marcados»

El abogado Iñigo Santxo ha considerado en declaraciones para NAIZ que muchos aspirantes, a pesar de ser euskaldunes, no se «atreven» a demandar la prueba en esta lengua para no «quedar marcados desde el inicio». «La prueba de acceso a la abogacía es una prueba de corte estatal y no se fían de lo que van a traducir desde el Ministerio de Justicia. De ahí la aplastante mayoría de alumnos y alumnas vascos se presentan en castellano», opina Santxo.

Según el abogado, esta tendencia «debería dar que pensar» al Gobierno de Lakua y al Consejo Vasco de Abogacía. En primer lugar, cree que la descentralización de la prueba de acceso a la abogacía permitiría a más aspirantes a solicitar examinarse en su lengua propia, y para ello solicita examinadores con capacitación lingüística para traducir esos exámenes.

Junto a ello, Santxo aboga por un pacto político y social por la utilización del euskara en la administración de justicia. «Las administraciones vascas, de oficio, deberían iniciar todos los procesos en euskara», reivindica.

Manual de la prueba

El examen servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales. Los convocados realizarán la prueba vía telemática, de forma sincronizada, a través de la plataforma AvEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Según ha precisado Justicia, la plataforma ya ha sido testada en un ensayo en el que se simuló el tiempo real del examen y ha sido puesta a disposición de los aspirantes durante dos días para que se familiarizaran con ella.

Se trata de una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples, en la que habrá que responder a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes. En la primera parte habrá 50 preguntas relativas a materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión; mientras que la segunda parte estará compuesta por 25 preguntas acerca de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil, penal, administrativo y contencioso-administrativo y laboral.